Un polémico decreto que refuerza a policías y militares ante las protestas agrava la crisis en Bolivia

El Gobierno transitorio de Bolivia aseguró este sábado que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una "licencia para matar" y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".

Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, "puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden".

La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en Twitter de que esta norma firmada por la presidenta Jeanine Áñez al frente de su Ejecutivo interino "desconoce los estándares internacionales" de los derechos humanos y "estimula la represión violenta".

El ejecutivo boliviano en transición sostuvo que la decisión de emplear esa norma proviene de la necesidad que surgió cuando esta semana la Policía se vio rebasada y pidió la intervención de las fuerzas armadas para contener a algunos grupos de manifestantes que causaron destrozos en instalaciones públicas y privadas.

23 muertos

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este domingo que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia con las elecciones del pasado 20 de octubre.

"Desde ayer son nueve fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", ha indicado el organismo en su cuenta de Twitter.

La CIDH ha expresado repetidamente su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad bolivianas en el marco de las protestas que se suceden en el país.

Así, ha criticado el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar y el uso de armas de fuego que, a su juicio, "deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales".

Además, ha especificado que los estándares interamericanos establecen que debe limitarse "al máximo" la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y que el gas lacrimónego atenta "gravemente" contra los estándares jurídicos internacionales.

La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un "fraude gigantesco". La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado "irregularidades".

Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asilado político. Áñez se ha proclamado mandataria interina para evitar el vacío de poder dejado por la renuncia del líder indígena y otros altos cargos, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones.

A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder sólo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.