Vivir en un contenedor de 12 m2 por 600 euros, la última polémica en Portugal

Un anuncio para alquilar contenedores de 12 metros cuadrados por 600 euros en Lisboa se ha convertido en la última polémica en Portugal y ha generado un rosario de críticas en las redes sociales, lo que ha llevado al Ayuntamiento a declararlos "ilegales".

El anuncio, publicado en dos páginas web de búsqueda de vivienda y que ya ha sido eliminado, prometía un espacio de 12 metros cuadrados con una litera para dos personas, una cómoda y un baño con lavabo, ducha y retrete, así como el acceso a un espacio compartido con una sala común y una cocina.

Los contenedores, vendidos como "ecofriendly" y colocados en el jardín de un edificio, están localizados en Marvila, un barrio que ni siquiera se encuentra en el centro de la ciudad, sino en la periferia, y al que no llega el metro.

Tras la publicación del anuncio, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar.

"¿Soluciones de emergencia para la crisis de la vivienda? ¿Todavía tenemos que llegar a ver tiendas de campaña por este precio?", escribía en su página de Facebook Morar em Lisboa (Vivir en Lisboa), un movimiento en defensa del derecho a la vivienda que fue el primero en denunciar el anuncio.

Después del revuelo generado, el Ayuntamiento de Lisboa declaró que los contenedores son "ilegales" porque no se solicitó licencia a los servicios de urbanismo y ordenó su retirada inmediata, informan medios locales. Todos los contenedores ya habían sido alquilados para entonces, según el anunciante, que defendió en medios portugueses que "existen miles de proyectos similares en toda Europa, sobre todo en el norte", pero también en España.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un asunto cada vez más espinoso en Portugal, especialmente en la capital, donde el 41% de las casas del centro son pisos turísticos.

Esta tendencia ha expulsado a muchos residentes hacia la periferia de la ciudad y ha generado un "boom" en los precios del alquiler, con casas de una habitación que pueden costar 800 euros al mes, por encima del salario mínimo actual (600 euros).