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Internacional

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Carola Rackete y otros cooperantes que afrontan la cárcel por salvar vidas

La patrona del barco de la ONG Sea Watch no es la única que se enfrentará a la Justicia italiana.

La capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, durante su detención.
La capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Rackete, durante su detención.
GUGLIELMO MANGIAPANE

Carola Rackete, patrona del barco de la ONG Sea Watch arrestada este sábado por atracar sin autorización en Lampedusa para que desembarcasen 40 migrantes que llevaban 17 días a bordo, no es la única que se enfrentará a la Justicia italiana por cumplir su misión de salvar vidas en el Mediterráneo.

La capitana del barco Iuventa de la de la ONG Jugend Rettet, la alemana Pia Klemp, bióloga marina de 36 años, lleva desde 2017, cuando en Italia gobernaba el progresista Partido Demócrata (PD), bajo investigación por la acusación de favorecer la inmigración ilegal.

Además de la capitana Klemp, que en sus varias misiones ha salvado a cerca de 5.000 inmigrantes, también están siendo investigados otros nueve cooperantes que se embarcaron en la Iuventa, entre ellos el bombero español Miguel Roldán y el portugués Miguel Castilho Soares, así como otros 13 voluntarios pertenecientes a otras ONG que formaban parte de la tripulación.

A su llegada a Lampedusa en agosto de 2017, el Iuventa fue incautado y la fiscalía de Trapani, en Sicilia, abrió una investigación bajo la acusación de favorecer la inmigración ilegal y contactos con traficantes, delitos por los que puden pedirse penas de hasta 20 años de cárcel.

La Fiscalía de Trapani consideró entonces que existían "graves indicios" de contactos entre la tripulación y los traficantes de personas en al menos tres ocasiones (el 10 de septiembre de 2016 y el 18 y el 26 de junio de 2017) y que los traficantes de seres humanos escoltaban a inmigrantes en barca hasta entregarlos a la tripulación del Iuventa.

Las pesquisas han proseguido durante más de dos años y la investigación preliminar se encuentra ahora en su fase final: la próxima audiencia para conocer el resultado será el 24 de septiembre, explicó a Efe el abogado de los cooperantes, Nicola Canestrini.

Actualmente, los peritos están analizando teléfonos móviles y ordenadores para esclarecer la principal acusación de que hubo contactos con los traficantes para que les entregasen a los migrantes.

También sigue abierta la investigación por favorecer la inmigración ilegal abierta por la fiscalía de Ragusa, en Sicilia, contra dos miembros de la ONG española Proactiva Open Arms: la jefa de misión, Anabel Montes y también el capitán, Marc Reig.

El pasado 12 de diciembre, la fiscalía de Ragusa notificó el cierre de la investigación preliminar y confirmó el delito de favorecer la inmigración ilegal de 260 personas, además de añadir el cargo de violencia privada contra el Ministerio del Interior.

La investigación comenzó tras la negativa de la ONG -durante una operación de rescate en marzo de 2018- a entregar a los inmigrantes a la Guardia Costera de Libia.

La abogada que representa a Reig, Rosa lo Faro, comunicó a Efe que por el momento se encuentran a la espera de la decisión del fiscal jefe de Ragusa, Fabio D'Anna, de pedir el archivo de la causa o de enviarla a juicio. Pero según la abogada, los fiscales están determinados a pedir el enjuiciamiento, ya que destacó han añadido el delito de violencia a la acusación de favorecer la inmigración ilegal.

En junio de 2018, 230 migrantes salvados por el barco de la ONG alemana Lifeline estuvieron también esperando en alta mar durante seis días un puerto en uno de los ya habituales pulsos entre Italia y Malta. Finalmente atracó en La Valeta y los migrantes fueron repartidos entre varios países de la UE.

También en esta ocasión el capitán, el alemán Claus-Peter Reisch, de 58 años, fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo fianza con la acusación por las presuntas irregularidades en el registro del barco.

Durante el proceso, el presidente del tribunal, Joe Mifsud, afirmó que el capitán actuó para proteger las vidas de los rescatados, pero el pasado mayo le impuso una multa de 10.000 euros por una irregularidad en el registro del barco, donde figuraba como embarcación de recreo y no de salvamento.

El último caso es del barco Mare Jonio, de la ONG italiana Mediterranea. También están siendo investigados, tras un rescate, el comandante del barco, Pietro Marrone, y el jefe de misión, Luca Casarini; al igual que Carola Rackete, por no respetar la orden de detenerse por parte de una nave de guerra.

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