Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua acepta la liberación definitiva de los presos políticos
La Alianza Cívica calcula que son 647 presos en las cárceles y 165, en sus casas, pero el Gobierno solo reconoce 340.
El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega ha aceptado este viernes la "liberación definitiva" de todos los presos políticos detenidos durante los últimos once meses en las protestas contra el Gobierno, según se ha informado en un comunicado conjunto entre los representantes del Gobierno, los testigos de las negociaciones y los representantes de la opositora Alianza Cívica recogido por el periódico 'La Prensa'.
En días pasados, los datos más recientes indicaron que la Alianza Cívica tenía contados 647 presos políticos en las cárceles y 165 en sus casas bajo el régimen de casa por cárcel. El régimen de Ortega acepta únicamente 340.
La liberación de estos presos era condición indispensable para reanudar el diálogo entre Gobierno y oposición, que se había reactivado a finales de febrero, pero se congeló después de que la Policía prohibiera una marcha opositora este sábado y detuviera a más de 100 personas que ese mismo día por la noche fueron liberadas.
Esta liberación implica la anulación de todos los procesos judiciales. El plazo de liberación de los presos políticos es de 90 días. En este proceso, Cruz Roja Internacional será el organismo encargado de definir junto a representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el listado final de presos políticos que serán liberados.
"El gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la mesa de negociación", se lee en el documento.
El presidente Ortega, que suma quince años de Gobierno no consecutivos, es hoy uno de los mandatarios latinoamericanos más cuestionados por la comunidad internacional por la represión de las protestas que estallaron en abril contra una reforma de la seguridad social y que aumentaron hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.
Más de 300 personas han muerto y miles han sido detenidas. Según expertos del sistema interamericano, la mayoría de las muertes son culpa de la Policía y grupos armados afines al Gobierno, por lo que han recomendado a los gobiernos de la región juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.
Las protestas en contra de Ortega han golpeado a la economía del país, algunos de sus funcionarios -incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
