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El Parlamento exige respetar los derechos de los ciudadanos tras un 'brexit' duro

May advirtió que "no tiene la autoridad legal para firmar un acuerdo separado sin un nuevo mandato en ese sentido".

La primera ministra, la conservadora Theresa May.
La primera ministra, la conservadora Theresa May.
Efe

El Parlamento británico aprobó este miércoles una enmienda que exige al Gobierno negociar con la Unión Europea (UE) que se respeten los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en el resto del bloque si se produce un 'brexit' sin acuerdo.

La cláusula, redactada por el conservador Alberto Costa, propone que tanto Londres como Bruselas adopten la "parte dos" del tratado de salida de la UE, que define los derechos de los ciudadanos, aunque la Cámara de los Comunes rechace ratificar el texto al completo.

La medida, que afectaría a los más de tres millones de europeos en el Reino Unido y al millón de británicos en el resto de Estados miembros de la UE, recibió el respaldo de la mayoría del Parlamento sin necesidad de someterse a votación.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, advirtió al abordar el contenido de la enmienda de que Bruselas "no tiene la autoridad legal para firmar un acuerdo separado para los derechos de los ciudadanos sin un nuevo mandato en ese sentido".

"Si no forma parte de un tratado de salida, la cuestión de los derechos de los ciudadanos recae en los Estados miembros individuales", afirmó la jefa de Gobierno.

La organización "The3million", que defiende los derechos de los europeos en el Reino Unido, sostuvo este miércoles por su parte que es "incorrecto" afirmar que la Unión Europea no tiene esa potestad.

"Bajo el artículo 50 (del Tratado de Lisboa) se puede firmar un pacto sobre los derechos de los ciudadanos que constituya el único acuerdo" de salida, consideró ese grupo en un comunicado.

A pesar de las objeciones de May, la cláusula recibió el respaldo tanto del Gobierno como de los grupos de la oposición.

Aún así, el diputado conservador que elevó la propuesta se vio obligado a dimitir de su cargo no remunerado en la Oficina de Escocia por contravenir el protocolo que marca que un miembro del Ejecutivo no debe presentar enmiendas a una moción gubernamental.

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