El Supremo prohíbe a Guaidó salir de Venezuela y congela sus cuentas

El Tribunal Superior de Justicia ha atendido la petición formulada por la fiscalía contra el líder opositor.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, saluda a sus simpatizantes durante un acto este sábado en Caracas.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, saluda a sus simpatizantes durante un acto este sábado en Caracas.
Efe/Miguel Gutiérrez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha aprobado este martes la solicitud de la Fiscalía de prohibir la salida del país de Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", además de enajenación de bienes y bloqueo de activos.

"La Sala Penal del TSJ decretó (...) la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano", ha anunciado el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Horas antes, el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, había anunciado la apertura de una investigación preliminar contra Guaidó.

Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, "se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional".

El fiscal general ha subrayado que el objetivo de estas medidas cautelares es permitir al Ministerio Público seguir recabando "el suficiente y total elemento de convicción" para "detener estos actos que han dañado la paz de la República, nuestra economía y el patrimonio nacional".

Las medidas cautelares no incluyen su detención, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.

Interrogado por la prensa sobre cómo interpreta este paso de la Fiscalía, Guaidó le ha restado importancia. "No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así, (pero no hay) nada nuevo bajo el sol", ha declarado, apuntando que en realidad no es una "amenaza" contra su persona, sino contra toda la Asamblea Nacional.

El jefe del Parlamento ha lamentado que "la única respuesta" del Gobierno de Maduro a la actual crisis sea la "represión". "(Es) una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo, que Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente consciente de lo que sucede en Venezuela", ha recalcado.

Además, ha defendido las últimas sanciones dictadas por la Casa Blanca sobre Venezuela, que se dirigen específicamente contra la petrolera estatal con el objetivo declarado de poner los activos del Estado venezolano bajo jurisdicción estadounidense en manos de Guaidó.

"Vimos cómo desangraron nuestra industria petrolera. Lo que estamos haciendo es proteger la industria", ha defendido y ha avanzado que, "una vez cumplido el ultimátum de Europa, solicitaremos (a la UE) que también se protejan los activos" venezolanos en territorio comunitario.

Crisis política

Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición venezolana ni gran parte de la comunidad internacional reconocen porque consideran que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.

Se ha fijado como 'hoja de ruta' cesar la "usurpación del poder" y crear un gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones "libres". Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como "presidente encargado" y le han ofrecido su apoyo en esta "transición democrática".

La UE, por su parte, ha acordado reconocer a Guaidó como mandatario interino si Maduro no convoca nuevas elecciones, "con las garantías necesarias, en los próximos días". Reino Unido, Alemania, Francia y España le han dado un plazo de ocho días que expira el sábado.

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