El gobernador electo de Río quiere francotiradores para abatir a los bandidos armados

El gobernador electo del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, defendió hoy en una entrevista a 'Globonews' que francotiradores de elite abatan a criminales que porten fusiles en las favelas de la región.

La propuesta fue rápidamente condenada por Amnistía Internacional, que alegó que esa medida supone una afrenta a la legislación brasileña e internacional y una falta de respeto a las reglas sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego.

"¿Fusil en la mano? Es una amenaza, él (criminal) va a usar el fusil para atacar a quien sea que esté enfrente suyo", declaró Witzel en la entrevista.

El exjuez federal, del Partido Social Cristiano (PSC), fue elegido el domingo gobernador de Río de Janeiro con casi un 60 % de los votos frente al 40 % que obtuvo el ex alcalde de la capital fluminense Eduardo Paes.

Witzel es un fiel seguidor del ultraderechista Jair Bolsonaro, y, como el presidente electo, defiende "mano dura" para combatir la violencia que azota al estado de Río, cuya seguridad están en manos de las Fuerzas Armadas desde febrero pasado.

Preguntado sobre los episodios en los que las autoridades tirotearon a inocentes con objetos que fueron confundidos con armas, el gobernador electo manifestó que "normalmente un francotirador no dispara a quien está con paraguas y mucho menos a quien está con una máquina de taladrar".

"En esos casos eran policías que no estaban preparados para ese tipo de misión", pero "serán entrenados" para ello, aseguró y añadió que ya solicitó un levantamiento a distintos cuerpos para saber qué agentes ya están calificados.

"Hoy, en Ciudad de Dios -una favela en la zona oeste de Río-, un helicóptero grabó a cinco elementos armados con fusiles. Allí, si uno tiene una operación en que nuestros policías están autorizados para abatir, todos ellos serán eliminados", completó.

También mostró su conformidad con la posibilidad de abatirlos desde un helicóptero.

En este sentido, Amnistía indicó que autorizar previamente a los policías a actuar de forma ilegal, violenta y violando los derechos humanos, sólo desembocará en una escalada de violencia que pondrá en riesgo la vida de cientos de miles de personas, inclusive la de los propios agentes de seguridad.

Witzel, que tomará posesión de su cargo el próximo 1 de enero, reconoció que no puede garantizar que los policías no vayan a ser condenados por la Justicia por eventuales abusos, pero que él prefiere "defender agentes en el tribunal que ir a su funeral".

"El policía será defendido. Si es condenado, vamos a recurrir. Si la sentencia se mantiene, es un riesgo que vamos a correr. Lo que me deja incómodo es ver a un bandido con fusil en la calle", añadió.

El estado de Río de Janeiro afronta una grave crisis de seguridad que se desató tras los Juegos Olímpicos de 2016 y que alcanzó su máximo pico en este 2018.

Ante el aumento de la violencia, el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero una intervención federal en el área de seguridad de Río, que dejó en manos de las Fuerzas Armadas el control del orden público