Pulso del presidente de Guatemala con la ONU

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ordenó a la Dirección General de Migración impedir la entrada en el país al colombiano Iván Velásquez, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una decisión que colisiona con la inmunidad a la que está sujeto su puesto, tal como acordó Guatemala con la ONU en 2006 cuando crearon este organismo imprescindible para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país centroamericano.

La decisión del Gobierno se produjo cuando el comisionado se encuentra fuera del país en cumplimiento de su agenda de trabajo en Estados Unidos. Esta prohibición amplía más el distanciamiento del Ejecutivo con la ONU, días después de que Morales, rodeado de militares y policías en una puesta en escena que recordaba tiempos oscuros del militarismo guatemalteco, anunciara que no renovará el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo que la medida gubernamental es resultado de una obsesión del presidente Jimmy Morales que "nos lleva a una crisis innecesaria por una ‘vendetta’ personal", ya que se siente perjudicado por las investigaciones de la Cicig, que en los últimos meses ha acusado a un hermano y a un hijo del presidente de participar en tramas de corrupción y tráfico de influencias.

La Cicig fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala que fue ratificado el 1 de agosto de 2007 por el Congreso guatemalteco.

Su mandato es investigar, identificar y desarticular a los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que afectan a los derechos de los ciudadanos en coordinación con el ministerio público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado. También tiene como finalidad fortalecer a las instituciones jurídicas para que estas puedan enfrentar con garantías a los grupos ilegales en el futuro.

Desde su año de creación, la Cicig ha recibido hasta cinco prórrogas de su mandato a petición de los diferentes gobiernos guatemaltecos preocupados por la debilidad de las instituciones nacionales cercadas por el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad generalizada.

Tras 36 años de conflicto interno armado, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz, que ponían fin a décadas de una violencia desbordada que provocó centenares de miles de muertos y desaparecidos. Diez años, después, el país estaba desbordado por la delincuencia común y se enfrentaba a 6.000 homicidios anuales ante la inoperancia total de las instituciones judiciales, con niveles de impunidad del 98%.

Los gobiernos militares guatemaltecos de finales de los setenta y gran parte de los ochenta habían creado cuerpos paramilitares de contrainsurgencia para luchar contra las diferentes guerrillas. Un millón de miembros de estas milicias campesinas quedaron desocupados al finalizar la guerra y algunos de ellos entraron a formar parte de redes mafiosas relacionadas con actividades económicas ilegales. Esto les permitió alcanzar un poder que les permitía sobornar a las propias instituciones del estado.

Poder omnímodo

Las amenazas y los crímenes contra defensores de derechos humanos o los investigadores de los crímenes de guerra se dispararon. Su poder omnímodo les permitió penetrar los sectores de justicia y seguridad, limitando su capacidad resolutiva.

Tras una ola de crímenes contra defensores de los derechos humanos, una coalición de organizaciones no gubernamentales lanzaron en 2002 una campaña para persuadir al Gobierno guatemalteco de la necesidad de establecer un órgano con fuero especial para enfrentarse a estos grupos cada día más poderosos.

El propio Ejecutivo pidió un año después a la ONU la asistencia para crear un organismo eficaz que investigase y enjuiciase a las mafias. Tuvieron que pasar tres años de negociación para conseguir el acuerdo moldeado al gusto de Guatemala, pero con atribuciones ejecutivas y patentado y financiado por la comunidad internacional.

Tras su aprobación por el Congreso guatemalteco, entró en vigor el 4 de setiembre de 2006 y el secretario general de la ONU nombró comisionado al fiscal español Carlos Castresana, que se mantuvo en el puesto hasta el 7 de junio de 2010, fecha en la que renunció ante las dificultades para cambiar unas instituciones muy permeables a la corrupción.

Castresana, que desde la Asociación Progresista de Fiscales impulsó la persecución internacional de los militares de las dictaduras del Cono Sur como presuntos responsables de delitos como el genocidio, el asesinato, la tortura o el terrorismo, y por tanto susceptibles de ser perseguidos internacionalmente, batalla que permitió detener al dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998, admitió al marcharse de Guatemala que "había una trama constituida para matarme" y confesó que su jefe de seguridad le había pedido reiteradamente que saliera del país y trabajara para la Cicig fuera de Guatemala.

Tarea titánica

A finales de 2008, en un encuentro con HERALDO DE ARAGÓN en la capital guatemalteca, Castresana admitió que la implicación del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones políticas y judiciales hacía titánica la tarea de democratizar un Estado con instituciones colapsadas por la corrupción. Castresana tenía que desplazarse con un operativo de seguridad impresionante ante las continuas amenazas de muerte que recibía y vivía rodeado de guardaespaldas durante las 24 horas del día.

Tras su dimisión, se hizo cargo de la comisión el abogado el costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013), y durante los últimos cinco años la Cicig ha sido liderada por el colombiano Iván Velásquez, muy implicado en su país en investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil, y encargado de investigar las relaciones entre miembros del Congreso colombiano y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados narcopolíticos.