Brasil abre las puertas del arresto domiciliario a más de 4.500 madres

La foto de una mujer con su bebé recién nacido en una celda de Sao Paulo conmocionó Brasil y generó un debate sobre la situación de las embarazadas en las cárceles del país, una cuestión que ha sido despejada por el Tribunal Supremo, al abrir la posibilidad del arresto domiciliario.

La máxima corte de Brasil concedió un "habeas corpus" colectivo que transformará en arresto domiciliario la prisión preventiva de aquellas mujeres embarazadas o con hijos de hasta 12 años que todavía no han sido juzgadas por los tribunales.

La decisión, que beneficiará a más de 4.500 mujeres, fue adoptada días después de que la historia de Jéssica Monteiro, una joven detenida con 90 gramos de marihuana y sin antecedentes penales, ocupara las principales portadas del país.

Jéssica, de 24 años, dio a luz un día después de ser detenida por tráfico de drogas y, tras una audiencia, el juez la mantuvo en prisión, hasta que el Tribunal de Justicia de Sao Paulo decidió concederle un "habeas corpus" para que pasara a arresto domiciliario.

Su caso adquirió una dimensión a nivel nacional, después de que el Supremo adoptara este martes una "decisión histórica", como fue calificada por uno de los once magistrados del tribunal, al extender el arresto domiciliario a las presas embarazadas y con hijos pequeños que aún no han sido juzgadas.

"Tenemos más de 2.000 pequeños brasileños que están detrás de las rejas con sus madres, sufriendo indebidamente, contra lo que dispone la Constitución", señaló el juez Ricardo Lewandowski, quien añadió: "Estamos transfiriendo la pena de la madre a un niño inocente".

La decisión del Supremo, que deberá cumplirse en un máximo de 60 días en todas las cárceles de Brasil, no beneficiará a las mujeres autoras de delitos de violencia o que supusieron una grave amenaza para sus familiares.

De acuerdo con un informe del Consejo Nacional brasileño de Justicia, en 2017 un total de 622 mujeres embarazadas o lactantes se encontraban en las prisiones de Brasil, la mayoría de ellas en el estado de Sao Paulo, el más poblado del país.

Tras la divulgación de dicho documento, la presidenta del Consejo y del Supremo Tribunal Federal, la magistrada Carmen Lucia Antunes, llegó a tildar de "absolutamente indigno" el hecho de que haya niños que tienen que nacer en presidios.

La decisión de ahora del Supremo responde a un proceso iniciado el año pasado por un colectivo de abogados y apoyado por diversas entidades, como la Patronal Carcelaria.

En el proceso se adjuntaron relatos de mujeres que cuentan su sufrimiento en las cárceles de Brasil, cuyas condiciones de insalubridad y hacinamiento han sido denunciadas en numerosas ocasiones por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Entre ellos está el de una mujer que fue aislada en una prisión de Río de Janeiro en "estado avanzado de gestación" y dio a luz sola dentro de la celda, de donde salió "con el bebé en brazos", según un estudio financiado por el Ministerio de Justicia.

El documento también destaca el uso habitual de las esposas durante el parto de las presas, así como la ausencia de exámenes prenatales en algunas cárceles.

"No me hicieron ningún examen, no tuve prenatal, fui para la maternidad sin exámenes. Y yo perdí (el hijo) aquí dentro", asegura una reclusa.

Para Nathalie Fragoso, del colectivo de abogados de Derechos Humanos, la decisión del Supremo es "histórica" y supone "un gran paso" frente a los "fallos estructurales del sistema carcelario brasileño".

Esta semana un magistrado del Supremo tomó otra importante decisión para el sistema carcelario, al ordenar la transferencia de dos travestis a presidios femeninos en Sao Paulo.