Poco ha cambiado en Guinea Ecuatorial en los últimos cuatro años: al igual que en las legislativas de 2013, la oposición solo ha conseguido un escaño en la Cámara de Diputados, mientras que los 99 restantes serán designados por el partido del presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979.

La primera diferencia es que en las de 2013 la oposición se hizo con un asiento también en el Senado, mientras que en la próxima legislatura la Cámara alta estará controlada íntegramente por la formación gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

La segunda es que el escaño cambia de manos y pasa de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS) al nuevo partido Ciudadanos por la Innovación (CI), cuyo líder, Gabriel Nsé Obiang Obono, no podrá ser diputado, ya que se lo impide la Justicia tras un proceso que él califica de "inhabilitación política ilegal".

Sin embargo, el futuro de CI podría correr peligro: el mismísimo presidente Obiang Nguema les acusó de "querer buscar el poder mediante la violencia", por lo que Nsé Obiang asegura que su formación "tiene todas las papeletas" para ser ilegalizada.

"Van a buscar todas las formas para ilegalizar el partido. Es un escándalo monumental. El plan de Obiang es eliminarme físicamente", denunció en una conversación telefónica el mismo día de la votación.

En términos de elecciones municipales, celebradas también el pasado domingo, la victoria del PDGE ha sido aún más arrolladora: ni un solo ayuntamiento de este país centroafricano será gobernado por políticos opositores.

Si se atiende a la tesis del PDGE, estos resultados derivados de la votación del pasado domingo no son más que una manifestación de la voluntad popular que apoya incondicionalmente al partido de su presidente, mientras que la oposición ha denunciado reiteradamente que el proceso electoral ha sido cualquier cosa menos limpio.

Los líderes de los dos partidos de la oposición legalizada, Andrés Esono -de CPDS, que concurrió en la coalición Juntos Podemos- y Nsé Obiang, de CI, coincidieron en formular acusaciones contra la limpieza y transparencia de las elecciones.

Ambos denunciaron la ausencia de papeletas de sus partidos en las mesas, agresiones a sus interventores o la existencia colegios electorales que abrieron de madrugada y cerraron antes de la hora establecida para su apertura con el objetivo de impedir el voto adverso al oficialismo.

La acusación que más destaca es la de intimidación por parte de militantes del PDGE para que los ciudadanos votasen en público, que se une a un corte en el acceso a internet -que aún perdura, según fuentes opositoras- y una presencia militar mucho mayor que en anteriores comicios.

A pesar de ello, el presidente de la Junta Electoral Nacional y a la vez ministro de Interior, Clemente Engonga Nguema Onguene, ha afirmado que no había recibido "protestas ni reclamaciones" ante los resultados definitivos.

El siguiente paso del proceso será elevar el acta de escrutinio general al Tribunal Constitucional para que la valide, por lo que se prevé que se proclamen los cargos electos el próximo lunes.

Sin embargo, la oposición piensa agotar las vías de que dispone en una Justicia que consideran totalmente politizada, para recurrir unos resultados que, en palabras de Nsé Obiang, son "aberrantes". A pesar de la poca esperanza que tienen en que el Constitucional haga caso a sus reclamaciones, el líder de CI aseguró: "No nos queda más opción que hacer el ridículo y acudir ante su Justicia para que el mundo vea lo que se está haciendo en este país".

Nsé Obiang prometió que trataría de negociar una estrategia judicial conjunta con Esono, aunque hasta el momento los partidos no han anunciado acuerdo alguno al respecto.