Con la destitución de la fiscal general el Gobierno acalla una voz crítica en Venezuela

La abogada de 59 años, Luisa Ortega Díaz, emitió un comunicado en el que asegura que no reconoce las decisiones del Supremo.

Agentes impiden la entrada en la Fiscalía de la fiscal destituida por la Constituyente
Agentes impiden la entrada en la Fiscalía de la fiscal destituida por la Constituyente
Agencias

El Gobierno venezolano acalló la voz crítica de Luisa Ortega Díaz al retirarla del cargo de fiscal general, mediante decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y poner en su lugar a Tarek William Saab, un chavista fiel que estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo.

La ANC, integrada únicamente por oficialistas, aprobó la polémica medida durante su primer día de trabajo tras recibir una comunicación del Tribunal Supremo donde se indicaba que Ortega Díaz había sido suspendida "para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".

El dirigente chavista Diosdado Cabello, integrante de la todopoderosa Asamblea, solicitó además que sea declarada la emergencia en el Ministerio Público a fin de tomar acciones urgentes para acabar con la impunidad por la que responsabilizó a la exfiscal.

"De tal manera que el señor Tarek William Saab pueda llegar a la Fiscalía tomando decisiones para la reestructuración del Poder Ciudadano, del Ministerio Público", agregó.

Sobre Ortega Díaz se mantendrán otras acciones jurídicas como la congelación de sus cuentas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la prohibición de salida del país.

Una vez conocida la decisión, la abogada de 59 años emitió un comunicado firmado como "Fiscal General de la República" en el que remarcaba que no reconoce las decisiones del Supremo, por estar compuesto por magistrados "ilegítimos" que ella misma impugnó por supuestas irregularidades en sus nombramientos.

Alertó que "acabar con la autonomía" del Ministerio Público "afectará a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes padecen la violencia delictiva y contribuirá a perpetuar el desfalco de la nación".

Lo que beneficiará "la corrupción, y a quienes hoy gobiernan a espaldas del pueblo", dijo.

Asimismo, advirtió al Gobierno de Maduro que serán "los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como tal asumirán ante la historia las consecuencia de esta destrucción de la democracia venezolana".

Saab, por su parte, consideró que su designación estuvo apegada a la legalidad y fue hecha "para restituir un orden jurídico severamente infringido".

Durante sus primeras palabras ante la plenaria de la Asamblea Constituyente denunció que el Ministerio Público venezolano se convirtió "en una industria de imputar a mansalva" a los más pobres durante la gestión de Ortega y adelantó que revisará las últimas actuaciones de la Fiscalía."A fondo, sin miedo, sin temores (y) enfrentando cualquier amenaza", enfatizó en un encendido discurso.

Saab advirtió que la Fiscalía dirigida por Ortega Díaz fue "cómplice" de la violencia que se ha desatado en algunas de las protestas antigubernamentales que se han desarrollado en los últimos 4 meses en la nación petrolera y que se saldan con más de 120 muertos.

"Esta etapa de violencia (...) tuvo mucho que ver con la inacción del Ministerio Publico (...) por no actuar a tiempo, por permitir que grupos violentos se apoderaran de manera indigna de territorios que deben ser liberados para la paz ciudadana", sostuvo.

"Los crímenes de odio nunca más van a ocurrir en la patria de Bolívar, nunca más alguien por pensar diferente deberá ser perseguido, acosado, sin que sea castigado. Eso es hacer justicia, y hasta ahora hemos visto impunidad", agregó.

Críticas a su destitución

Los gobiernos de México, Estados Unidos, Colombia y Chile reaccionaron rápidamente para criticar la destitución de Ortega Díaz, quien hoy no pudo entrar a su despacho, ahora custodiado por decenas de militares.

Con esta remoción el Gobierno saca del medio la voz denunciante de la titular de la acción penal, que se empezó a distanciar de Maduro hace cuatro meses al recriminar la ruptura del orden constitucional por parte del Supremo y del Ejecutivo.

Desde entonces el chavismo gobernante ha cuestionado todas sus acciones y la ha acusado incluso de "insania mental" mientras que las decisiones que tomó antes contra los opositores parecen seguir siendo incuestionables. EFE

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