La prisión para Humala, ¿un triunfo de la Justicia o una cortina de humo?

El ingreso en prisión del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia ha dividido al país entre los que ven en ello un triunfo de la Justicia y los que lo consideran una cortina de humo que protege a otros acusados de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Más allá de los enconados debates en las redes sociales que arrancaron anoche nada más conocerse la decisión judicial, juristas y comentaristas políticos no han cesado de subrayar las contradictorias acciones de la Fiscalía ante el caso Odebrecht, las aristas que deja la situación de Humala y su esposa y la justificada o desmedida decisión de encarcelarlos.

El juez Richard Concepción subrayó para justificar la prisión preventiva la "muy alta probabilidad" de que Humala y Heredia hubieran cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, pero según dicen numerosos juristas, no habría contrastado debidamente la existencia de un riesgo de fuga, que sin embargo dio por hecho.

Eso habilitaría el éxito de una apelación, lo que a su vez debilitaría la posición fiscal y fortalecería a Humala en su postura de presentarse como un perseguido político.

"Eso llamó la atención, porque si algo se había podido percibir en los últimos meses es que Humala y su esposa estaban cumpliendo todas las disposiciones de la fiscalía y no pareciera ser que las circunstancias acreditaran una medida tan intensa y extrema", afirmó a Efe Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Rivera, cuya organización representa a las víctimas del caso Madre Mía, abierto contra Humala por supuestas violaciones a los derechos humanos, afirmó, sin embargo, que la mayor duda sobre la resolución se encuentra en el hecho de que la fiscalía no presentó una acusación formal para abrir el juicio, pese a que aparentemente tiene ya pruebas suficientes para comprobar el delito.

"La investigación fiscal tiene ya tres años, y ahora se plantea extenderla otro año y medio más. ¿Porqué no acusa ya a los Humala?. Eso hubiera sido lo adecuado, para que se abra la etapa de juicio y se resuelva el fondo del caso", explicó.

Según el abogado, la falta de explicaciones por esta posición de la fiscalía permite aventurar una "explicación política del tema".

"Veo que hay un ánimo de beneficiar a otros personajes públicos que también están bajo las imputaciones de Odebrecht, que habrían recibido plata y que no están recibiendo la misma intensidad investigadora de la fiscalía", dijo.

Rivera se refirió así a las declaraciones de Marcelo Odebrecht ante la fiscalía brasileña, en donde confesó que su empresa financió irregularmente las campañas de diversos líderes políticos peruanos, incluidos Keiko Fujimori y la candidata del Partido Aprista del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y actual vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz.

Así, si existiera un juicio contra Humala en el que la acusación principal se basara en las declaraciones de Odebrecht y éste resultara condenado, esa misma prueba podría servir para juzgar a todos los que aparecen mencionados en la declaración del empresario.

Sin juicio, esas declaraciones no tendrían valor, pero mientras tanto Humala y su esposa pasarían 18 meses en prisión.

"Con este caso de Humala vemos que sobre algunas personas se dan medidas y decisiones intensas y en el caso de otras igualmente comprometidas no hay acción", añadió.

Precisamente, entre los más acérrimos defensores de la decisión del juez se encuentran los diputados del Apra, como Mauricio Mulder, quien declaró que con esta medida "vuelve la fe en la Justicia y la valentía con la que tienen que actuar los jueces".

La empresa Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que entregó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú para adjudicarse obras públicas, en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo tiene una orden de detención por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica sur, mientras que García es sometido a una investigación preliminar por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.