El rechazo del decreto de estiba afecta a la imagen de España, según el Gobierno

El Gobierno considera que el rechazo por el Congreso del real decreto ley de reforma de la estiba, con el que se daba cuenta del cumplimiento de una sentencia europea, "afecta a la imagen de España y a la de todos los españoles".

El Congreso derogó este jueves con 175 votos en contra, principalmente los del PSOE y Unidos Podemos, el decreto sobre la reforma del régimen laboral de los estibadores, a la que obliga a España una sentencia europea condenatoria, por entender que nuestra legislación atentaba contra los tratados europeos, al ser contraria a la libertad de establecimiento.

Según el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, "no es fácil explicar a las instituciones europeas cómo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es lo que era el contenido del decreto ley, es rechazado por las cortes".

Méndez de Vigo ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el decreto, tal y como había confirmado la propia comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, en su reciente vista al parlamento español, cumplía con todos los requisitos de Europa y, por tanto, de convalidarse, la CE se comprometía a la condonación de la multa de 21 millones de euros.

Además, ha recordado que está pendiente una segunda sentencia, que está por caer, y si se produce obligará a una sanción diaria de 134.100 euros, que "tenemos que pagar todos los españoles".

El Gobierno piensa que la convalidación era necesaria desde el punto de vista de la responsabilidad política y la defensa de los intereses generales, por lo que hace un llamamiento a la reflexión a todos y especialmente a las fuerzas políticas sobre si la decisión de este jueves favorece los intereses generales o, por el contrario, se priman los intereses corporativos o particulares.

"Tenemos que reflexionar si beneficia el voto en contra de cumplir una resolución de la CE a la imagen internacional de España; si ayuda al proceso de liberalización económica, haciendo de nuestra economía un espacio más competitivo y próspero, y al final, si es leal o no con el mandato que nos dieron todos los electores para buscar acuerdos", detalló.

El Gobierno, en todo caso, quiere hacer esta reflexión, y continuará trabajando para llegar a un acuerdo "satisfactorio" porque entiende que cumplir con nuestras obligaciones internacionales es "una exigencia inexcusable", destacó.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se pondrá en contacto con las fuerzas parlamentarias para ver "de qué manera podemos cumplir con nuestras obligaciones internacionales y evitar una multa que iría al bolsillo de todos los españoles", relató.

El titular de Fomento espera que los grupos políticos le digan qué es los que hay que modificar de ese decreto ley, para que pudiera cambiar el sentido de su voto, "siempre teniendo en cuenta que esos eventuales cambios deberían contar con el aval de la CE", agregó.

Méndez de Vigo ha vuelto a insistir: "Estamos muy justos de tiempo" porque la sentencia del TJUE puede recaer en cualquier momento, pero el Gobierno hará "todo cuanto esté en su mano para cumplir con las obligaciones de la UE y para que los españoles no tengamos que pagar esa sanción de nuestros bolsillos y se pueda dedicar ese dinero a otras cosas".

Preguntado por si el Gobierno se hace alguna autocrítica sobre la forma en que ha tramitado el decreto ley, contestó que el Ejecutivo "no tiene ningún empacho en hacer autocrítica cuando cree que hay que hacerla", pero hay que recordar que aquí lo que hay son dos instrumentos jurídicos, uno el reglamento que se aplica directamente, y otro la directiva, que requiere transposición.

Asimismo ha repetido: "Estamos hablando de una ley del Gobierno anterior que data de 2010 y que fue aprobada muy mayoritariamente por el parlamento de la época y con los votos también del PP".

Ha recordado, además, que el Gobierno ha intervenido en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos de estibadores, y les ha hecho llegar una propuesta "ambiciosa y generosa", pero al final la cámara no ha convalidado el decreto.