El Gobierno de Turquía, amparado en el estado de emergencia que rige desde el intento de golpe de Estado de julio, decretó hoy la expulsión de unos 15.000 funcionarios, la mitad de ellos policías, y el cierre de 375 asociaciones sociales y culturales y de nueve medios de comunicación.

En todos los casos, el Ejecutivo consideró que las personas o entidades castigadas tenían "vínculos con una organización terrorista o formaban parte de una estructura cuyo fin es realizar actividades contrarias a la seguridad del Estado".

El decreto publicado en el Boletín Oficial de Estado no nombra a las organizaciones subversivas, pero en el caso de funcionarios y policías destituidos, la prensa turca da por hecho que se trata de la red de supuestos simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara tiene por instigador de la asonada de julio.

Un total de 7.500 agentes de la Policía y 400 del cuerpo de Gendarmería, así como casi 1.900 militares han sido destituidos de forma definitiva.

A esto se añaden 5.750 funcionarios de diversos ministerios, como Interior, Salud o Finanzas, o entidades como la radiotelevisión pública.

A todos se les prohíbe recurrir a la Justicia contra esta decisión y se les veta cualquier futuro empleo en una institución pública, además de prohibírseles cualquier participación en empresas de seguridad privadas.

Es el procedimiento habitual en las destituciones de funcionarios decretadas al amparo del estado de emergencia, que fue impuesto en julio, pocos días después del fallido golpe, y prorrogado tres meses más en octubre, aunque el presidente, Recep Tayyip Erdogan, ya ha señalado que probablemente dure un año.

Las medidas, que no pueden ser impugnadas ante un juez, tratan de expulsar de la Administración a todos los miembros o simpatizantes de la cofradía del exiliado Gülen, quien fue un estrecho aliado de Erdogan hasta 2013, año en el que ambos se enfrentaron en una feroz lucha de poder que desembocaría en el fallido golpe y las medidas de purga posteriores.

Erdogan reiteró en un discurso ante mandos policiales que este trabajo está sin terminar y que aún se deben tomar medidas "para limpiar el Estado de esta banda de traidores".

"Lo digo abiertamente: dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del cuerpo de Policía, dentro de la Judicatura están ahora mismo, en varias instituciones estatales están ahora mismo", dijo el presidente.

El decreto de hoy readmite también a 157 personas expulsadas con anterioridad de sus puestos por sospechas de vínculos golpistas.

Pero si en el caso de los funcionarios se supone una vinculación a la cofradía de Gülen o al menos una simpatía por este colectivo religioso con fines políticos, las asociaciones cerradas por el decreto de hoy parecen pertenecer en gran medida al ámbito de la izquierda kurda, ideológicamente opuesta a los seguidores de Gülen.

Así, de los 375 asociaciones clausuradas, casi un centenar estaba radicada en una decena de provincias del sureste de Turquía, de mayoría de población kurda.

Sólo en la provincia de Diyarbakir, la 'capital' de las regiones kurdas, se han cerrado 40 asociaciones, algunas con nombres típicos del movimiento a favor de la identidad cultural kurda, como 'Solidaridad de Mesopotamia'".

Aunque en los primeros meses después del golpe fallido, las oleadas de detención afectaron sobre todo a los colectivos sospechosos de simpatizar con la cofradía de Gülen, este otoño se han multiplicado los casos de presión judicial contra la izquierda prokurda.

Así, en septiembre fueron destituidos una veintena de alcaldes miembros de los partidos de la izquierda y, en las semanas pasadas, varios regidores de las mayores ciudades kurdas, como Diyarbakir, Mardin y Siirt, no sólo han sido depuestos sino que han pasado a prisión preventiva.

También están entre rejas, esperando juicio, 9 diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), entre ellos los dos copresidentes.

22-11-2016, 18:37:00