El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este martes por unanimidad una resolución que pide respeto para las instalaciones y el personal médico en conflictos armados y ha llamado a todos los estados a colaborar para evitar la "impunidad", toda vez que el ataque deliberado contra este tipo de objetivos constituye un crimen de guerra.

La resolución, promovida por España, Egipto, Japón, Nueva Zelanda y Uruguay, ha recibido el visto bueno de los 15 estados miembro del Consejo cinco días después de que un hospital de Alepo (Siria) fuese destruido por un ataque aéreo. Según la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), medio centenar de personas perdieron la vida.

El texto aprobado este martes recuerda que las convenciones internacionales y las resoluciones previas de la ONU prohíben expresamente las presiones y ataques contra trabajadores, equipos e instalaciones destinadas a la asistencia médica. En este sentido, apunta que todas las partes implicadas en un conflicto deben "respetar los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia para la entrega de asistencia humanitaria, también la médica".

El Derecho Internacional obliga a "distinguir" entre combatientes y civiles y, en el caso de los ataques contra objetivos médicos, éstos terminan por tener "consecuencias a largo plazo" para la población. Muchas de las víctimas directas, añade el texto, son trabajadores locales que intentan ayudar a sus compatriotas.Incidentes frecuentes

La resolución no cita ningún caso concreto, pero sí recoge que los ataques contra instalaciones y personal médico "están aumentando". Los 15 países del Consejo expresan su "preocupación" por esta tendencia, ajena a las "obligaciones" que deberían respetar las partes implicadas en un conflicto.

El principal órgano ejecutivo de la ONU recuerda que, si se trata de un ataque "intencionado", constituye un crimen de guerra y, en cualquier caso, pide a todos los estados miembro de Naciones Unidas que colaboren para evitar la "impunidad", bien sea con investigaciones independientes, imparciales y efectivas o colaborando con la Justicia internacional.

El texto emplaza al secretario general, Ban Ki Moon, a incluir en sus informes la protección del personal humanitario y a informar cada doce meses al Consejo del cumplimiento de la resolución que se ha adoptado este martes. Asimismo, los firmantes piden a Ban "recomendaciones" para impedir nuevos incidentes y garantizar la rendición de cuentas. "Arrastrados a la guerra"

La presidenta de MSF, Joanne Liu, ha lamentado que atacar instalaciones médicas se hayan convertido en "rutina". "Estamos ante un callejón sin salida" en el que "los hospitales y los pacientes han sido arrastrados al campo de batalla", ha afirmado Liu ante el Consejo de Seguridad.

"Los ataques a comunidades y los ataques precisos a los centros de salud se describen como errores, se niega la evidencia o, simplemente, la noticia se recibe en silencio. En realidad, son ataques indiscriminados y desproporcionados contra poblaciones civiles en entornos urbanos y, en el peor de los casos, puros actos de terrorismos", ha criticado.

Liu ha recordado que todo médico se compromete al iniciar la profesión a "tratar a todas las personas", independientemente de su origen o "de qué lado luchan". Por este motivo, ha insistido en que el personal actúa desde una posición de "neutralidad" y ha advertido de que "la ética médica no puede ser enterrada por la guerra".

"Pedir o dar asistencia sanitaria no debe ser una sentencia de muerte", ha añadido Liu, que ha concluido su discurso con una petición contundente a la comunidad internacional. "Hagan que esta resolución salve vidas".