El fundador de Wikileaks, Julian Assange, será interrogado "en los próximos días" por la Fiscalía sueca en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está recluido desde hace más de tres años, por violación, según ha informado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

"Esperamos que en los próximos días el señor Julian Assange sea interrogado por las autoridades ecuatorianas en función de las preguntas y pedidos de la justicia sueca", ha dicho Correa en un encuentro con corresponsales extranjeros.

La Fiscalía sueca solicitó la semana pasada a Ecuador un permiso para interrogar a Assange en la sede diplomática y detalló que los encargados de realizarlo serían la fiscal jefe Ingrid Isgren y un investigador policial.

Ecuador, que siempre ha propuesto esta opción como alternativa a la extradición de Assange a Suecia, dio su autorización pero su ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, dijo que el interrogatorio lo harían funcionarios ecuatorianos "en nombre de la Fiscalía sueca".

Patiño criticó además que el Ministerio Público sueco había enviado a modo de petición un documento "con tachones a mano", por lo que reclamó una carta "seria". "Nosotros no vamos a recibir eso, este es un país que se respeta", espetó.CASO ASSANGE

El periodista lleva recluido en la Embajada en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político a Ecuador. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la "obligación legal" de extraditarle a Suecia.

El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.

Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un "estado de indefensión" ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia -su país de origen-lo impida.

Asegura que es víctima de una "persecución política" por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.