El general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983), acusado de genocidio y cuyo último diagnóstico médico asegura que padece demencia irreversible, conocerá su futuro judicial dentro de una semana.

Así lo dictaminó el miércoles la presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, la jueza María Eugenia Castellanos, quien tras conocer el resultado de la última evaluación psiquiátrica fijó el 25 de agosto como el día en que se resolverá si el exdictador, de 89 años, puede afrontar o no un nuevo juicio.

El tribunal sometió este martes a discusión el informe de la evaluación psiquiátrica que entre el 4 y 11 de agosto practicaron psiquiatras y peritos al imputado en el hospital privado Los Pinos, en el sur de la capital guatemalteca.

Tanto el Ministerio Público (MP) como los abogados defensores del general retirado y los querellantes han sometido a preguntas a los expertos sobre el estado de salud de Ríos Montt y las conclusiones del informe.

El médico Walter Rinsen, del Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora (público), sostuvo que en el análisis establecieron que "el paciente no se encuentra en capacidad de captar y no tiene capacidad de concentrarse".

Agregó que también tiene un problema degenerativo crónico en la espalda, agudeza visual y auditiva y que corre el riesgo de que se le produzcan lesiones cerebrales por demencia vascular cortical y subcortical.

"El cerebro tiene bastante daño", añadió el galeno, al ratificar ante el tribunal su informe de las evaluaciones a las que fue sometido el general golpista por resolución judicial.

"Los cuadros de demencia son irreversibles", afirmó el médico, e insistió en que Ríos Montt "no se encuentra en el uso de sus facultades mentales".

En su opinión, el paciente presenta alteraciones significativas en la memoria inmediata y mediata, problemas cardiovasculares y marcados signos de atrofia.

Por su parte, el psiquiatra mexicano Jorge de la Peña, con más de 40 años de experiencia y que también participó en el análisis, aseguró que Ríos Montt "es un demente".

En su intervención ante el tribunal, el experto explicó que la arritmia que padece le puede producir más lesiones en el cerebro.

Además, agregó, tiene una deficiencia importante de vitamina D por falta de sol y le sorprendió verle desaliñado, con barba y el pelo largo debido a que, según le explicó su hija Zury Ríos Sosa, "no se dejaba cortar el cabello".

De la Peña aseguró que la aplicación de dos fármacos que médicos recetaron al paciente en meses pasados se debió a "un mal diagnóstico" que puso en peligro su vida, aunque aclaró que esos medicamentos "no contribuyeron a la demencia".

La psiquiatra del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) Karen Juárez declaró que el deterioro de la salud del exdictador "es progresivo" porque tiene "una demencia mixta".

Añadió que la olanzapina medicada a Ríos Montt produce efectos secundarios, como alteraciones en el cerebro, y más aún en este caso, cuando el paciente tiene un cerebro bastante dañado.

Los ocho días que el acusado permaneció en el hospital privado, detalló, fueron suficientes para llegar a la conclusión de que padece de demencia y que las evaluaciones se suspendieron debido a que registró presión arterial que ponía en riesgo su vida.

"El juicio sí está alterado", sostuvo la experta sobre el criterio del anciano.

La doctora Mayra Elizabeth Cifuentes concluyó que el exdictador padece de hipertensión, una dolencia que "no tiene controlada" y podría causar un derrame cerebral o la rotura de un aneurisma.

En la audiencia, uno de los abogados de Ríos Montt, Jaime Hernández, pidió la suspensión del proceso porque, a su juicio, su defendido no es apto para seguir un juicio ya que la presión podría provocar "un resultado fatal que le lleve a la muerte".

"El cerebro de mi defendido está hecho pedazos(...) En cualquier momento puede morir", reiteró una y otra vez el letrado.

Ríos Montt fue juzgado y condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por la muerte de 1.771 indígena ixiles del departamento noroccidental de Quiché a manos del Ejército durante su régimen de facto.

En ese juicio, su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez, fue absuelto de los cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el 20 de mayo del mismo año la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, anuló la sentencia por irregularidades en el proceso judicial.