Amnistía Internacional ha revelado que casi el 16 % de los homicidios registrados en Río de Janeiro en los últimos cinco años fueron a manos de agentes de la Policía Militar de la ciudad que estaban de servicio: en total, 1.519 muertes.

Según el informe 'Mataste a mi hijo', la Policía ha empleado la fuerza de forma innecesaria y excesiva durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo en las favelas, como en el caso de la de Acari, situada al norte de la ciudad, donde hubo ejecución extrajudicial en al menos nueve de los 10 homicidios policiales en 2014. La mayoría de las víctimas entre 2010 y 2013 eran hombres jóvenes negros de 15 a 29 años.

El director de la organización en Brasil, Atila Roque, ha criticado que la ciudad presenta dos caras muy distintas. Por un lado, la glamurosa que pretende venderse al exterior y, por otro, "una ciudad marcada por las intervenciones policiales represivas que están diezmando a un porcentaje significativo de toda una generación de hombres jóvenes, negros y pobres".

Atila ha explicado que la raíz del problema es la fallida estrategia del Gobierno para combatir al narcotráfico y la violencia junto a "una combinación tóxica de fuerzas policiales corruptas, violentas y carentes de recursos, comunidades tan pobres y marginadas que apenas son visibles y un sistema de justicia penal que no imparte justicia ni otorga reparaciones a quienes sufren violaciones de derechos humanos".

Desde Amnistía Internacional han denunciado que la táctica de la Policía parece ser "disparar primero y preguntar después". Asimismo, han advertido de que los agentes casi nunca son investigados ni sometidos a ningún proceso judicial. La organización ha asegurado que cuando alguien muere como resultado de una intervención policial, aunque los agentes rellenan un parte de incidencia para determinar si se cometió en defensa propia o es necesario abrir una investigación, muchos de los casos se clasifican como "actos de resistencia", lo que ampara a los autores y les exime de comparecer ante los tribunales.

De las 220 investigaciones de homicidios policiales abiertas en 2011 en Río de Janeiro tan sólo en un caso se han presentado cargos contra un agente de policía. En abril de 2015, seguían abiertas 183.

Alteran pruebas

Amnistía Internacional también ha desvelado que con frecuencia se altera el lugar de los hechos, ya que la Policía no retira los cadáveres como es debido o coloca junto a ellos armas u otras "pruebas". Es el caso de Eduardo de Jesús, un niño de 10 años que murió mientras estaba sentado en la puerta de su casa.

Su madre ha contado que los agentes desmontaron casi de inmediato la escena del crimen, intentaron llevarse el cadáver aunque los miembros de la favela se lo impidieron y trataron de colocar una pistola junto al cuerpo para incriminar al niño. Desde entonces, la familia ha recibido amenazas y se ha visto obligada a mudarse por miedo a las represalias. En estos momentos se está investigando el suceso.

Atila ha lamentado la errónea "estrategia de miedo" de las fuerzas de seguridad para luchar contra la delincuencia. "Estos problemas sólo se solucionarán con una estrategia concertada para reducir los homicidios y garantizar que todas las violaciones de derechos humanos se investigan exhaustivamente y que se lleva ante la justicia a los responsables", ha concluido.

Brasil tiene una de las cifras de homicidios más altas del mundo: en 2012 hubo 56.000, más de la mitad de las víctimas tenían entre 15 y 29 años, y el 77 % eran negros. De los 8.741 homicidios cometidos entre 2005 y 2014 por agentes en el estado de Río de Janeiro, 5.132 tuvieron lugar en la capital.