El uso del herbicida glifosato en Colombia para fumigar cultivos de coca enfrenta a los ministerios de Defensa, que lo considerada necesario para luchar contra el terrorismo y la delincuencia, y de Salud, que recomendó suspenderlo por motivos sanitarios.

El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, dijo este miércoles que la Fuerza Pública seguirá utilizando el herbicida hasta que el presidente Juan Manuel Santos ordene lo contrario. "Tendremos que seguir hasta que el señor presidente tome alguna determinación y lo que hagamos será con la mayor efectividad posible", manifestó en declaraciones a periodistas.

Pinzón se pronunció después de que el Ministerio de Salud recomendara al Gobierno suspender el uso del glifosato en las aspersiones porque hay evidencias científicas que demuestran consecuencias negativas en la salud y que el herbicida puede tener efectos cancerígenos.

"Nosotros tendremos que seguir con las aspersiones hasta se tome alguna determinación", dijo Pinzón, quien agregó que se seguirán "evaluando estrategias y fórmulas, porque no podemos permitir que se termine beneficiando a la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo".

Según el ministro de Defensa, en aquellas regiones donde se dejó de fumigar con el poderoso herbicida, como en la región del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, los cultivos ilícitos han crecido.

"Eso está pasando y yo sí tengo que decirle al país las cosas como son", apostilló Pinzón, quien dijo que la Fuerza Pública no solo se enfrenta al narcotráfico con la erradicación de cultivos ilícitos, sino que además ataca todos los eslabones de producción de cocaína.

Aseguró que si finalmente el presidente toma la decisión de no seguir utilizando el glifosato, se buscarán las herramientas para mantener la seguridad y para que "no se inunde el país de coca y con ello no termine generándose un deterioro de la seguridad".

Pinzón agregó que la aspersión con glifosato es más segura para la Fuerza Pública que la erradicación manual de cultivos porque los grupos ilegales con frecuencia minan los terrenos para evitar la acción de las autoridades.

La recomendación del Ministerio de Salud al Gobierno de suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato fue respaldada este miércoles por la Defensoría del Pueblo, que investigó denuncias de comunidades indígenas y campesinas del departamento del Putumayo, en la frontera sur con Ecuador, sobre daños al medio ambiente y la salud causados por el herbicida.

Las aspersiones con glifosato ocasionaron un litigio con Ecuador, que demandó al país en 2008 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por los daños ambientales y en la salud de las personas causados por el herbicida que era llevado por el viento al otro lado de la frontera.

El pleito se resolvió en 2013 cuando Ecuador aceptó retirar la demanda a cambio del pago por parte de Colombia de una indemnización de 15 millones de dólares para la atención de los afectados y el compromiso de no fumigar con glifosato en las proximidades de la frontera.