El fiscal mexicano, Jesús Murillo, reiteró que "no hay nada que ocultar" en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, y respondió algunas de las críticas hechas en los últimos días a la versión oficial sobre lo ocurrido.

En una conferencia de prensa, Murillo indicó que el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) ha estado "totalmente" abierto para los abogados de los familiares de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Sobre el silencio en torno al asesinato la noche del 26 de septiembre de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo desollado fue encontrado en la zona donde los estudiantes de magisterio fueron atacados por policías locales, lo atribuyó a que "sigue abierta la averiguación".

"No quiero decir nada que pueda comprometerla", dijo Murillo. En una rueda de prensa el pasado martes los padres de los estudiantes preguntaron al fiscal cómo explica que no haya aludido a ello en ninguna conferencia de prensa ofrecida hasta ahora sobre el caso.

Esta cuestión surgió después de que el fiscal asegurara haber comprobado "científicamente" que los 43 jóvenes habían sido asesinados e incinerados por miembros del cártel de Guerreros Unidos.

Mondragón fue uno de los tres alumnos de la Normal que murieron la noche del 26 de septiembre en Iguala tras los ataques a tiros perpetrados por policías locales presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.

Según la versión oficial, los policías secuestraron a 43 estudiantes y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que se trataba de integrantes del grupo rival Los Rojos.

A los expertos que han señalado que es imposible reducir a cenizas los cuerpos en una hoguera al aire libre, el fiscal dijo que "todo eso está constatado con elementos científicos" y que detrás están "peritos especialistas que saben, que entienden".

Esos peritos y los expertos de la parte defensora se van a enfrentar ante un juez, indicó el fiscal, quien además restó importancia al hecho de que los forenses argentinos no hayan estado cuando los restos calcinados fueron sacados de la bolsa encontrada en Colula.

"No se si estuvieron en el momento que salió, pero había 120 peritos y no creo que por el hecho de que sean mexicanos los podamos descalificar", afirmó.

Los familiares de los jóvenes desaparecidos aseguran que no hay pruebas científicas que corroboren la versión oficial sobre lo ocurrido el 26 de septiembre y acusan a la fiscalía de pretender cerrar el caso sin llegar a la verdad por motivos políticos.

Además, han anunciado que acudirán a instancias internacionales para denunciar al Gobierno mexicano por este caso, que ha evidenciado la infiltración del crimen organizado en las esferas políticas y el drama de más de 22.000 desaparecidos, según cifras oficiales.