​Francia prohíbe el servicio de la plataforma Uber a partir de 2015

Varios países han han planteado el cese del servicio de contratación de vehículos a través del teléfono móvil.

El Ministerio del Interior francés anunció este lunes la prohibición a partir de 2015 del servicio de la plataforma Uber, que permite gestionar la contratación de vehículos en ciudad a través del teléfono móvil. La medida coincidió con una movilización del sector del taxi parisino. Desde las 5.00 horas decenas de taxis se dieron cita en lugares como los aeropuertos de Orly y Roissy-Charles de Gaulle, con el objetivo de provocar densidad de tráfico y atascos en la periferia de la capital francesa.


El portavoz de Interior francés, Pierre-Henry Brandet, recordó que las penas por poner en relación a clientes y conductores sin los permisos necesarios podrían llegar hasta los dos años de prisión y 300.000 euros de multa. "No solo será ilegal prestar el servicio, además para el consumidor existe un verdadero peligro", explicó Brandet, en referencia a la falta de un seguro adecuado por parte de algunos conductores. Por su parte, el primer ministro francés Manuel Valls declaró en Lyon que la liberalización de algunas profesiones reguladas que planea el Ejecutivo tiene sus límites. "Liberalizar energías de nuestra economía no es la ley de la jungla.

Evidentemente, hay que tranquilizar a los taxistas", señaló Valls.


El servicio que ofrece la polémica empresa ha sido prohibido ya en varios lugares de Estados Unidos y Holanda. Por otra parte, las actividades de la compañía estadounidense podrían ser ilegalizadas también en Bruselas, en caso de que prosperen las denuncias de una empresa local de taxis. Las autoridades de la capital belga apoyarán la denuncia civil de la asociación local del sector, que acusa de competencia desleal a Uber, y presentarán una denuncia penal ante la fiscalía, según afirmó el pasado viernes el ministro regional de Transportes, Pascal Smet.


En España el juez de lo Mercantil número 2 de Madrid decretó el pasado jueves el cese de las operaciones de Uber por considerar que la empresa estadounidense incurre en competencia desleal. El auto del juez establece que los conductores no tienen los permisos necesarios para operar y, por tanto, la aplicación debe cesar su actividad. La medida cautelar acepta las exigencias de la Asociación Madrileña del Taxi, que se plantea presentar una futura demanda. En el auto el juez explica que la decisión se basa en la legalidad vigente y en la ley de competencia desleal. El juez pide también a las compañías de telecomunicaciones y sistemas de pago 'online' que prohíban todo tipo de transacciones relacionadas con Uber.