En el Instituto de Ciencias Forenses de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, la cifra de cadáveres va en aumento. Hasta el domingo habían recibido 28. Llegaron calcinados, quemados con gasolina, y eran jóvenes, dicen los expertos. Las familias apenas hablan. Rezan y esperan que los estudiantes desaparecidos hace diez días den señales de vida. Se niegan a pensar que pueden estar muertos. Cada familia ruega para que su hijo no estuviera entre los detenidos por la Policía local, que cumplía una orden del director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares. No quieren creer la versión de los dos sicarios detenidos, que cuentan que 'El Chucky', líder del cartel local 'Guerreros Unidos', ordenó asesinarlos tras su detención.

Pero lo cierto es que 43 estudiantes de magisterio están desaparecidos o, lo más probable, muertos, por el contubernio entre agentes corruptos y narcos locales. El fiscal Iñaki Blanco esperará -de 2 a 15 días- los resultados de ADN antes de confirmar que los restos corresponden a los jóvenes universitarios.

Hasta el depósito de cadáveres de Iguala llegan convoyes de policías estatales, de la Fiscalía, y hasta del Ejército, custodiando las camionetas con los restos. 

Acuden peritos, activistas de derechos humanos y miembros de Naciones Unidas. No es la primera vez que los forenses tienen que identificar cuerpos por montones, incluso algunos se han quedado en una fosa común. Pero este caso ha provocado un escándalo de grandes proporciones.

Hay quien exige la renuncia del gobernador Ángel Aguirre; otros reclaman la presencia del alcalde, José Luis Abarca, que se tomó un permiso de 30 días y permanece en paradero desconocido pese la orden para localizarle. En su casa no está. Las autoridades ya revisaron. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo expulsó de sus filas para permitir que le fuera retirado el fuero que le protege.

Hasta ayer las autoridades tenían 33 personas arrestadas, entre ellos 22 policías municipales y varios sicarios. Uno de los delincuentes indicó el lugar, de difícil acceso. Admitió haber llevado a 17 chicos. Allí abrieron las fosas, colocaron unas ramas, los rociaron de gasolina y los quemaron para dificultar su identificación.

En Pueblo Viejo, localidad de campesinos donde fueron halladas las tumbas clandestinas, los vecinos, temerosos y acostumbrados a la violencia, dicen no saber nada. "Yo no escuché nada, yo llegué de trabajar y nada vi". Una señora decía: "Pues ya qué. La verdad no escuchamos nada, pero tenemos mucha tristeza por lo sucedido. Mi hermana es la que vive aquí y dice que pasaron coches como siempre". Cerca, se ven los balazos en la pared, junto a una octavilla ofreciendo recompensa por su hallazgo y flores y velas en el suelo para recordar a los 6 muertos, 17 heridos y los 43 desaparecidos en el ataque del pasado viernes 26. Las familias esperan silenciosas en la cancha de baloncesto de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sus estudiantes simpatizan con la izquierda. En su mayoría son de origen humilde que se preparan para enseñar a campesinos. Como sus padres y familiares. Se nota en su indumentaria. Calzan sandalias y se cubren con sombreros, muchas mujeres con delantales de cuadros.

Entre ellos, un joven sobreviviente. Tiene miedo y oculta su nombre: "Llámeme Ernesto, como el 'Che'". Relata a 'La Jornada': "Fue algo muy feo. Simplemente no puedo borrar las imágenes de la sangre de mis compañeros", recuerda mientras explica que estaba con Aldo Gutiérrez Solano cuando les empezaron a disparar. "A él le pegaron una bala en la cabeza. Veo un charco de sangre y grito. Cuando intentamos jalarlo rafaguearon otra vez y ya desde entonces fue una descarga continua contra nosotros".