Cuatro policías detenidos en Río acusados de violaciones
Los exámenes forenses constataron la violación aunque los agentes lo niegan.
Cuatro agentes de la Policía Militarizada del estado de Río de Janeiro han sido detenidos tras ser acusados de violar a tres mujeres en una favela de esta ciudad brasileña, informaron fuentes oficiales.
Los hechos ocurrieron supuestamente en la madrugada local del lunes al martes en Jacarezinho, una barriada pobre en la zona norte de Río de Janeiro arrebatada a grupos de narcotraficantes por las autoridades y donde la Policía Militarizada tiene un puesto permanente al que estaban adscritos los acusados.
Las mujeres acudieron a una comisaría de la Policía Civil para denunciar que habían sido obligadas a entrar en una vivienda en Jacarezinho y violadas por los agentes, como se constató en los exámenes forenses.
Las denunciantes fueron conducidas al puesto policial de Jacarezinho para que identificaran a los agresores y allí cuatro agentes fueron detenidos, tras la apertura de un proceso administrativo por violación y abuso de autoridad.
Uno de los policías admitió que estaba en la vivienda en el momento de los hechos, aunque negó ser responsable de violación.
Los investigadores recogieron muestras de material genético en la casa para intentar establecer si pertenece a alguno de los acusados.
El comisario de la Policía Civil responsable de la investigación, Niandro Lima, informó de que aún se intenta identificar a otros dos agentes al parecer involucrados en la violación, pero que no habrían sido reconocidos por las mujeres.
Las autoridades han prometido medidas urgentes para impedir que el caso empañe la credibilidad de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), como son conocidos los cuarteles policiales permanentes que, como en Jacarezinho, la gobernación de Río de Janeiro ha abierto en favelas antes dominadas por bandas de narcotraficantes.
La instalación de las UPP -reforzada con inversiones en infraestructuras, educación y salud- forma parte de una política de seguridad pública iniciada por el gobierno de Río de Janeiro en 2008 para expulsar a los narcotraficantes de las favelas de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos de 2016.
Esta política, que ha reducido significativamente los índices de violencia y criminalidad en los barrios beneficiados, ha sido considerada por organizaciones multilaterales un modelo para otros países de la región.
