El Gobierno de Estados Unidos instó a Egipto a poner fin a los juicios masivos tras emitirse la condena a muerte de 720 islamistas, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, en una sentencia "desmedida" que supone un "desacato a la justicia internacional", según Washington.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado expresaron su "profunda preocupación" en sendos comunicados por el "macrojuicio" celebrado en la Corte Penal de la ciudad meridional de Minia, donde se dictó una sentencia provisional a muerte para 683 islamistas y se confirmó la pena capital para otros 37.

"El veredicto, como el emitido el mes pasado, es un desacato a los estándares más básicos de la justicia internacional", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

"Urgimos al Gobierno de Egipto a acabar con la práctica de los juicios masivos, a revertir esta sentencia masiva y las emitidas anteriormente y a asegurarse de que se garantiza el debido proceso a cada ciudadano" del país, agregó Carney.

Según el portavoz, los líderes egipcios "deben posicionarse en contra de la acción ilógica y el peligroso precedente" que representan las 720 condenas a muerte.

"Un sistema criminal justo y transparente, libre de intimidación y retribución política, es una parte importante de cualquier democracia, y el pueblo egipcio no merece menos", destacó Carney.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó de "desmedida" la condena masiva e instó a las autoridades egipcias a "remediar la situación" y "suspender todos los juicios masivos de egipcios en un futuro".

"Como ha dicho el secretario (de Estado, John Kerry), es imposible creer que este tipo de procedimientos puedan satisfacer incluso los estándares más básicos de justicia, y menos cumplir con las obligaciones de Egipto bajo la ley internacional", señaló Psaki en un comunicado.

Psaki también consideró "preocupante" la orden emitida por un tribunal cairota de prohibir las actividades del Movimiento 6 de Abril, uno de los principales instigadores de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak en febrero de 2011.

"Estas decisiones van en contra de los principios democráticos más básicos y fomentan la inestabilidad, el extremismo y la radicalización que el Gobierno interino de Egipto dice que quiere resolver", añadió la portavoz.

Los sucesos por los que se emitieron las 720 condenas a muerte se enmarcan en la ola de violencia que se extendió por Minia en agosto pasado, en protesta por el desalojo policial de las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en El Cairo, que se saldó con cientos de muertos.