Berlusconi cumplirá el año de condena con trabajos sociales
Todo indica que su voluntariado será de pocas horas a la semana, pero obtendrá mayor libertad de movimientos.
El expresidente del Gobierno italiano y empresario Silvio Berlusconi cumplirá con trabajos sociales su año de condena por fraude fiscal de su empresa Mediaset.
La noticia fue adelantada por los medios italianos, que citan fuentes del Tribunal de Vigilancia penitenciaria de Milán, en espera de que el juez de dicho tribunal, Pasquale Nobile de Santis, comunique oficialmente su decisión a las 11.30 GMT.
En la audiencia que se celebró el pasado 10 de abril, el fiscal Antonio Lamanna se había mostrado a favor de los trabajos sociales en sustitución del arresto domiciliario y había propuesto la actividad de voluntariado en un centro con ancianos una vez a la semana.
Mientras que los abogados de Berlusconi, de 77 años, habían propuesto a Berlusconi para trabajar con discapacitados en un centro que él mismo crearía.
En el veredicto del juez de Santis se darán más detalles sobre el centro al que será destinado Berlusconi para cumplir sus trabajos en beneficio de la comunicad, ya que no estaba prevista la reclusión al ser mayor de 70 años.
Todo indica que su voluntariado será de pocas horas a la semana, pero el beneficio de los trabajos sociales permitirá al exmandatario mayor libertad de movimientos, aunque no podrá salir de casa desde las 23.00 a las 06.00 horas, ni podrá alejarse de la provincia de Milán.
Otra consecuencia de su condena en el caso Mediaset son los dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, así como los efectos derivados de la Ley Severino, que prevé seis años de inhabilitación para quien acarree condenas en firme superiores a dos años y por lo que fue expulsado del Senado el pasado 27 de noviembre.
Berlusconi fue condenado en firme por el caso Mediaset, en el que se juzgaba la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual entre 1994 y 1999 con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.
