La Comisión Europea ha propuesto este miércoles fijar un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la UE del 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Bruselas pide además una cuota obligatoria de renovables del 27% para el conjunto de la UE, pero sin metas individuales para cada Estados miembros, y prescinde del objetivo de eficiencia energética en 2030.

Los objetivos deben ser ahora ratificados por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho en la cumbre que se celebrará a finales de marzo.

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al triple objetivo obligatorio que la UE se fijó para 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que ha vivido la UE en los últimos años ha dejado en segundo plano la lucha contra el cambio climático y ha hecho que aumente la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta.

Estas presiones han surtido efecto a la hora de relajar el objetivo de renovables y prescindir del de eficiencia energética.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha sostenido que la lucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de una auténtica política energética "no son aspectos contradictorios". "A la UE le conviene crear una economía creadora de empleo que sea menos dependiente de la energía importada", ha subrayado.

A su juicio, el recorte del 40% constituye un "objetivo ambicioso" y la cuota de renovables del 27% "garantiza estabilidad a los inversores, estimula los empleos verdes y sostiene nuestra seguridad de suministro". "La Comisión ha demostrado que todos los que decían que no iba a presentar ninguna medida ambiciosa se equivocaban", ha subrayado por su parte la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

De hecho, Hedegaard ha acabado imponiendo sus tesis frente a otros comisarios que pretendían reducir al 35% el objetivo de recorte para 2030, como los responsables de Industria, Antonio Tajani, y Energía, Günther Verheugen. Este objetivo cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda -que firmaron una carta conjunta-; pero también de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Portugal o Finlandia. Ahora debe distribuirse entre los Estados miembros.

Pero la patronal europea, BusinessEurope, ya ha dicho que un recorte del 40% sería excesivo porque el resto de socios internacionales de la UE no están haciendo esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas creen que el objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

Cambio de postura en renovables

En cuanto a las renovables, finalmente sí habrá una cuota jurídicamente vinculante para el conjunto de la UE del 27%, algo que hace unos días parecía descartado. Sin embargo, Bruselas renuncia a fijar metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, alegando la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta energética de cada país.

Mientras Alemania y Francia han firmado una carta con otros seis países - Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal- en la que piden a la Comisión un nuevo objetivo de renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, otros países con Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la energía nuclear o al gas pizarra.

Tampoco España -donde las primas a las renovables son uno de los factores que ha disparado el déficit de tarifa eléctrica- quería que la UE fije un nuevo objetivo para 2030.

Los Estados miembros deberán elaborar planes energéticos, en los que expliquen qué pretenden hacer en materia de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar.

El objetivo que sí desaparece por completo para 2030 es el de eficiencia energética. Bruselas lo justifica por la necesidad de estudiar la cuestión más en profundidad en la revisión de la directiva sobre eficiencia energética, que debe concluir a finales de este año. Sólo entonces se planteará si es necesario modificar la legislación. La Eurocámara había reclamado una cuota obligatoria de ahorro energético del 40%.

Costes y beneficios

Las inversiones anuales medias necesarias durante el periodo 2011 hasta 2030 para cumplir estos objetivos asciende a alrededor de 38.000 millones de euros para la UE en su conjunto, que según Bruselas se verán compensadas por los ahorros en carburantes. Más de la mitad de estas inversiones se necesitan en los sectores residencial y terciarios.

El coste total del sistema energético en 2030 habrá aumentado un 0,15% si los objetivos se alcanzan de la forma más eficaz, mientras que el coste medio durante el periodo 2011 a 2030 aumentará en 2.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario sostiene que estas políticas permitirán reducir las importaciones energéticas al menos un 10% respecto a 2010. Los costes de controlar la contaminación caerán 2.000 millones de euros y los costes sanitarios provocados por la contaminación se reducirán hasta 11.000 millones en 2030.

Comercio de emisiones

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, Bruselas ha propuesto este miércoles una propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2 creando una reserva de estabilidad. En concreto, la Comisión plantea que en momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen.

Estos permisos pasarían a la reserva de estabilidad, en la que se incluirían ya los 900 millones de toneladas cuya subasta se ha aplazado hasta 2019-2020, y volverían al mercado cuando la economía vaya bien y aumente el consumo energético.

Bruselas propone que los criterios para determinar cuándo deben retirarse permisos de CO2 del mercado estén predefinidos -teniendo en cuenta las previsiones económicas de la Comisión o los índices de producción industrial- y se apliquen de forma automática, sin una autoridad central de regulación.