La nueva Constitución de Túnez entreabre la puerta a la pena de muerte

Un artículo de la Carta Magna estipula que "el derecho a la vida es sagrado y no se puede tocar salvo en casos extremos definidos por la ley".

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tunecina dejó este lunes la puerta entreabierta a la pena de muerte en el país, tras la aprobación del artículo 21 del borrador de la Carta Magna que comenzó a discutirse el pasado viernes.


Según medios locales, este artículo, que estipula que "el derecho a la vida es sagrado y no se puede tocar salvo en casos extremos definidos por la ley", fue aprobado por 135 de los parlamentarios presentes, mientras que 28 se manifestaron en contra y 11 se abstuvieron.


La semana pasada las organizaciones Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Carter y la ONG tunecina Al Bawsala solicitaron a las autoridades de Túnez que aprovecharan las discusiones del nuevo texto fundamental para reforzar los derechos humanos en el país.


Insistieron, entre otros puntos, en la necesidad de abolir definitivamente la pena de muerte en este pequeño país norteafricano.


Durante la jornada de hoy, la Asamblea Constituyente también aprobó el artículo 20, por 159 votos a favor, en el que por primera vez se reconoce que "todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Son iguales ante la ley sin discriminación alguna".


Además, de manera unánime, dieron luz verde al nuevo artículo 22 en el que se rechaza la tortura y se estipula que "el Estado protege la vida del ciudadano, su integridad física y moral. La tortura es un crimen imprescriptible".


La ANC ha comenzado a discutir y votar artículo por artículo el proyecto de la nueva Constitución, con el objetivo de finalizar las votaciones el próximo día 14, coincidiendo con el tercer aniversario de la caída del régimen del dictador Zín el Abidín Ben Alí.


Una vez acordados todos los artículos, que necesitan la mayoría simple para su aprobación, será sometido a votación el texto completo, que deberá contar con el apoyo de los dos tercios de la cámara