El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) seguirá en prisión después de que la justicia rechazase este martes su petición de acabar de cumplir en arresto domiciliario la sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos a la que fue condenado en 2009.

El juez supremo Segundo Morales declaró infundada la solicitud porque no existe una ley que faculte tramitarla, dado que el arresto domiciliario se aplica para los procesados con juicios en curso y no con sentencias firmes y ratificadas.

El expresidente escuchó la resolución cabizbajo y sentado en un escritorio.

El abogado del exmandatario, William Castillo, había pedido el cambio del arresto efectivo por el domiciliario apelando a la avanzada edad del expresidente, a su precario estado de salud y a la ausencia de peligro para la sociedad.

Tras conocer la decisión del juez, el abogado de Fujimori interpuso un recurso de apelación, el cual será resuelto en otra sala de la Corte Suprema.

En su resolución, Morales explicó que "las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos facultan a conceder el beneficio solicitado por el sentenciado".

"Conceder el arresto domiciliario postcondena, en aplicación de principios humanitarios, solo sería posible a delitos de menor lesividad, mas no tratándose de delitos cuyos autores han sido condenados por sentencias judiciales expedidas por tribunales nacionales y ratificados por tribunales internacionales", agregó.

El magistrado citó, entre los cargos que imposibilitan otorgar ese beneficio, "los delitos que han vulnerado derechos fundamentales para los cuales no les son aplicables los beneficios de la amnistía, la prescripción, ni el indulto".

Morales añadió que los argumentos jurídicos de la solicitud carecían de total sustento.

El exgobernante cumple su condena en una celda especialmente construida para él en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en el distrito de Ate, al este de Lima.

Fujimori, de 75 años, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en un establecimiento penal.

Los cargos se derivan de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas, cometidas por el paramilitar grupo Colina en 1991 y 1992, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Además de la sentencia a 25 años de cárcel, Fujimori tuvo tres condenas por delitos de corrupción que ya se cumplieron y actualmente tiene un juicio oral por el cargo de malversación de caudales públicos por el que se ha pedido ocho años de prisión.

Tras la audiencia, la hija mayor del expresidente, Keiko Fujimori, declaró a los periodistas que en las legislaciones de otros países se otorga este beneficio, pero que en Perú "hay un vacío legal".

"Nosotros vamos a apelar y esperamos que se vea en la Corte Suprema con justicia e imparcialidad", dijo Keiko tras remarcar que la solicitud responde al estado de salud de su padre, que ha sido diagnosticado con cardiopatía e hipertensión.

"¿Qué tipo de peligro puede significar un hombre de 75 años y que tiene tantas enfermedades?, no estamos hablando de libertad, sino que esté en arresto domiciliario para que pase sus últimos días con la familia", declaró la excongresista peruana.

Según el expediente médico presentado por su defensa, Fujimori fue sometido a cinco cirugías por un cáncer de lengua, y ha padecido hipertensión arterial controlada, lumbalgia, gastritis y depresión, entre otros males.

En junio pasado, el actual mandatario de Perú, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, al tomar en consideración las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.