Una empresaria china de la provincia oriental de Jiangsu fue condenada a pena de muerte con dos años de suspensión por un fraude valorado en 1.700 millones de yuanes (280 millones de dólares o 203 millones de euros).

El Tribunal Popular Intermedio de Suzhou, en la citada provincia, también ordenó la confiscación de los bienes de la condenada, Gu Zhunfang, informó la agencia oficial Xinhua.

Según el dictamen, Gu amasó el dinero pidiéndolo en créditos a cambio de altos intereses que no pudo pagar.

Gu desapareció en marzo de 2012 y fue detenida por la policía china en Shanghái semanas después.

China es el país que más condenas a muerte dicta y, aunque la cifra total se desconoce ya que Pekín la considera "secreto de Estado", Amnistía Internacional la estima en alrededor de 3.000 sentencias de este tipo al año.

Entre los delitos que pueden ser condenados a la pena capital en el gigante asiático se encuentran el fraude a gran escala.

En Jiangsu y otras zonas del delta del Yangtsé (la zona más rica de China, en el este del país) es muy frecuente que operen redes informales de crédito, fuera del sistema bancario, especialmente en años recientes, en los que la crisis financiera mundial hizo que muchos bancos chinos redujeran la concesión de créditos.