El Gobierno de Argentina anunció que presentará un recurso extraordinario ante el Supremo en el que instará a fallar sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales y a levantar la medida cautelar que impide su aplicación. 

"Vamos a presentar el recurso de 'per saltum' ante la Corte Suprema de Justicia donde solicitaremos que la Corte se aboque al tratamiento inmediato de la causa judicial que promoviera tiempo atrás el Grupo Clarín", dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia, Julio Alak.

"Pretendemos una sentencia definitiva y que cesen las medidas cautelares", añadió Alak.

El recurso presentado "pretende una nueva declaración de constitucionalidad" de la cláusula de desinversión de la ley de medios, tal y como dictó el pasado viernes el juez de primera instancia Horacio Alfonso, y también el levantamiento de la medida cautelar, que impide que el Gobierno transfiera "de oficio" las licencias de Clarín que exceden el máximo legal permitido.

El ministro de Justicia aseguró que se dan todos los requisitos para presentar este recurso extraordinario, que permite al máximo tribunal acoger una causa de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias correspondientes en casos de gravedad institucional.

"La población considera con angustia y preocupada que una ley del Congreso no quiere ser aplicada", dijo Alak al justificar la gravedad institucional.

El máximo tribunal argentino deberá decidir si acepta este nuevo recurso "per saltum", después de que el pasado 10 de diciembre denegase el anterior presentado por el Gobierno.

La Corte Suprema debe pronunciarse también sobre la apelación del Gobierno contra la prórroga de la medida cautelar dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial federal el pasado 6 de septiembre.

La Ley de Medios Audiovisuales fue aprobada por el Congreso hace más de tres años, pero la aplicación de los artículos que obligan a desinvertir a los grupos que excedan el tope de licencias de radio y televisión ha sido aplazada debido a medidas cautelares emitidas por la Justicia a petición de Clarín.

La norma establece para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión en abierto y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Clarín considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" a ese grupo multimedia, el mayor del país.