Latinoamérica

Denuncian que 1.453 niñas violadas fueron obligadas a dar a luz en Nicaragua

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico.

Varios organizaciones sociales que están a favor de la despenalización del aborto terapéutico, prohibido en Nicaragua, denunciaron este viernes que 1.453 niñas de 10 a 14 años fueron violadas en el país y obligadas a dar a luz en 2011 al no permitir la interrupción del embarazo.


Esa denuncia la hizo el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, integrada por nueve organizaciones no gubernamentales, la mayoría de mujeres, durante una manifestación para demandar la restitución en la legislación nacional del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006.


En la manifestación, que comenzó en la sede de la Corte Suprema de Justicia y culminó en las afueras de la Asamblea Nacional, las mujeres exigieron al Estado la despenalización inmediata del aborto terapéutico para defender la vida y la salud de las mujeres, incluida niñas.


También demandaron a los magistrados del Supremo que se pronuncien sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron hace cinco años, tras la reforma del Código Penal para prohibir el aborto terapéutico.


Las organizadores de la protesta denunciaron en un comunicado que en Nicaragua 1.453 niñas de 10 a 14 años fueron violadas y obligadas a parir el año pasado por no permitirse ningún tipo de aborto.


El Parlamento nicaragüense, en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, escuchó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.


La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".


Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el asunto.


Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado.


El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico.