Siria

HRW acusa a la oposición siria de ejecuciones sumarias y de torturas

Pese a que los líderes de la oposición han asegurado reiteradamente a Human Rights Watch que respetarían los Derechos Humanos, la organización ha documentado más de una decena de ejecuciones.

Human Rights Watch (HRW) ha acusado este lunes a los grupos armados de oposición de Siria de la comisión de ejecuciones extrajudiciales y sumarias y de torturas en Alepo, Latakia e Idlib y ha advertido de que este tipo de actos, en un contexto de conflicto armado, constituyen un crimen de guerra y, en caso de producirse de forma extensa y sistemática, un crimen contra la Humanidad.


Pese a que los líderes de la oposición han asegurado reiteradamente a Human Rights Watch que respetarían los Derechos Humanos y tomarían medidas para poner fin a los abusos, la organización ha documentado más de una decena de ejecuciones extrajudiciales y de ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas opositoras al régimen de Bashar al Assad.


Por ejemplo, dos combatientes del batallón Ansar Mohamed, de Latakia, perteneciente al grupo armado opositor Ejército Libre Sirio (ELS), aseguraron a Human Rights Watch que cuatro personas habían sido ejecutadas después de que el batallón atacase una comisaría de Policía en Haffa el pasado mes de junio, dos de forma inmediata y las otros dos después de un juicio.


Asimismo, según explicó la ONG en un comunicado, seis de los doce prisioneros de guerra entrevistados por Human Rights Watch en dos centros de detención declararon que los milicianos del ELS y los oficiales encargados de las prisiones habían cometido torturas y malos tratos, en especial golpes en las plantas de los pies.


Las investigaciones de HRW han comprobado que los abusos son mayores en las primeras fases de la detención de los prisioneros, antes de su traslado a centros de detención controlados por grupos opositores civiles.


A juicio de Human Rights Watch, las declaraciones hechas por algunos líderes de la oposición dan a entender que toleran, e incluso dejan pasar por alto, las ejecuciones extrajudiciales y sumarias. Por ejemplo, tres líderes opositores afirmaron, después de que se les presentaran evidencias de las ejecuciones, que las personas que habían muerto se merecían morir y que únicamente se estaba ejecutando a los peores criminales.

Condenar y prohibir

"Las declaraciones de los grupos de la oposición en que se comprometen a respetar los Derechos Humanos son importantes, pero la prueba definitiva se verá en la forma en que se comporten las fuerzas opositoras", declaró el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Nadim Houry.


Por ello, los líderes militares y civiles de la oposición, según HRW, deben poner en marcha, "inmediatamente", todas las medidas necesarias para poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales o sumarias por parte de las milicias, "condenando y prohibiendo estas prácticas".


Asimismo, los dirigentes opositores deben investigar estos abusos y procesar a los responsables de acuerdo con el Derecho Internacional, así como "invitar a observadores internacionales reconocidos a visitar todos los centros de detención bajo su control", prosiguió la organización.


Por otra parte, advirtió Houry, "los que ayudan a la oposición siria tienen una responsabilidad particular en la condena de estos abusos". En este sentido, según HRW, los países que financian o suministran armas a los grupos armados de oposición deben exigirles el cumplimiento "estricto" de las normas internacionales sobre Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.


El pasado 21 de agosto, Human Rights Watch presentó las conclusiones de sus investigaciones durante un encuentro con los líderes de la oposición en Alepo (norte) y mediante una carta a otros dirigentes rebeldes.


En una respuesta por escrito, el Consejo Militar de Alepo aseguró que, a la luz de las investigaciones de HRW, se comprometía a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos por parte de las tropas del ELS, a establecer comisiones especiales de revisión de las condiciones de vida y las prácticas en los centros de detención y a hacer rendir cuentas a quienes actúen "en contra de las normas".