Wikileaks

Australia contacta con Assange y se prepara en caso de extradición

Durante estas conversaciones, Assange, quien está en el interior de la embajada ecuatoriana desde el pasado 19 de junio, declinó la oferta de asistencia consular aunque la agradeció.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, en una foto de archivo
Julian Assange, fundador de Wikileaks, en una foto de archivo
EFE

El Gobierno de Australia confirmó este sábado que ha contactado en ocho ocasiones con el australiano Julian Assange desde que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, y que ha hecho preparativos para el caso de que sea extraditado a Estados Unidos.


El último de estos contactos a nivel consular con el fundador de Wikileaks tuvo lugar el pasado martes, dos días antes de que Ecuador le concediera asilo diplomático, señaló en una nota a la prensa la oficina del ministro australiano de Asuntos Exteriores, Bob Carr.


Personal consular australiano realizó la comunicación a través del personal de la Embajada ecuatoriana que, posteriormente, transmitió los mensajes a Assange.


Durante estas conversaciones, Assange, quien está en el interior de la embajada ecuatoriana desde el pasado 19 de junio, declinó la oferta de asistencia consular aunque la agradeció, según informó el canal estatal de televisión ABC.


El fundador de WikiLeaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres tras burlar un arresto domiciliario y para evitar su extradición a Suecia, que le reclama por varios supuestos delitos sexuales.


Desde que fue detenido en el Reino Unido en diciembre de 2010 la defensa de Assange ha tratado por todos los medios de evitar su entrega a Suecia por temor a que sea extraditado desde allí a Estados Unidos, el país más perjudicado por la difusión de miles de cables diplomáticos secretos de WikiLeaks.


Documentos oficiales desclasificados y publicados hoy por el grupo australiano de medios de comunicación Fairfax revelan que Washington persigue la extradición de Assange para procesarle por cargos como los de espionaje y conspiración.


Según estos informes, la Embajada australiana en Washington estuvo al corriente de una investigación norteamericana de 18 meses contra Assange y "se toma seriamente" la posibilidad de que el fundador de Wikileaks sea extraditado a EEUU.


Los documentos muestran que el Gobierno de Camberra no ha puesto ningún inconveniente a una posible extradición del activista australiano y por medio de su embajador en Washington ha solicitado ser avisado con antelación en el caso de que vaya a consumarse la medida.


Este extremo fue confirmado por el ministro de Comercio, Craig Emerson, quien en declaraciones al citado canal de televisión dijo que "lo que ha ocurrido es que la embajada hace su trabajo y se prepara ante la posibilidad de una extradición".


Sin embargo, Emerson calificó los preparativos como "planes de contingencia" y precisó que hasta el momento el Gobierno de Australia carece de evidencias de que Estados Unidos esté preparando la extradición de Assange.


El ministro de Exteriores, Bob Carr, también aseguró en mayo ante el Senado australiano que Estados Unidos no tenía ninguna intención de procesar al fundador de Wikileaks.


El Gobierno ecuatoriano otorgó el pasado jueves el asilo que había solicitado Assange, pero el Reino Unido se ha negado a permitir que salga del país alegando que es su "obligación" extraditar a Suecia al australiano, de 41 años, para que allí sea juzgado.


La abogada australiana Jennifer Robinson, que asesora legalmente a Assange, dijo que confía en lograr una solución pactada.


"Lo que nos preocupa ahora son las negociaciones del gobierno ecuatoriano para conseguir un salvoconducto para que Julian pueda ir a Ecuador a buscar los beneficios de la protección que le ha sido concedida", dijo Robinson a la emisora AM.


Representantes políticos, legales y grupos de defensa de las libertades han instado al Gobierno laborista de la primera ministra australiana, Julia Gillard, a que intervenga en la disputa entre Londres y Quito para asistir a Assange.


La fiscal general de Australia, Nicola Roxon, dijo haberse tomado "un interés absoluto" por el caso pero señaló que el Gobierno no puede hacer gran cosa y que hay límites sobre lo que se puede hacer legalmente.