La ex alcaldesa de Sariñena también recurrirá su condena judicial

La ex alcaldesa de Sariñena Lorena Canales recurrirá su condena judicial ante el Tribunal Supremo, al igual que su antecesor en el cargo, el popular Antonio Torres. Así lo explicaron fuentes del PSOE después de mantener una reunión con el abogado. De esta forma, la socialista no se verá obligada a dejar su acta de concejal tras haber sido inhabilitada durante seis meses para ocupar un puesto bien de alcalde, concejal o cargos análogos por un delito de desobediencia judicial en su época de alcaldesa de la localidad oscense (de 2007 a 2011). La sentencia que se conoció el pasado martes también le impone una multa de 1.080 euros.

El recurso ante el Supremo supone que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no se pueda aplicar hasta que este se resuelva. Hay que recordar que, de no haber recurrido, hubiera tenido que acatar la sentencia y dejar su cargo en el Consistorio, donde además es portavoz del grupo del PSOE.

Por contra, la sentencia no afecta a su acta de diputada autonómica. Por su parte, fuentes del PSOE aclararon que no está previsto que se adopte ninguna medida disciplinaria ni que ella renuncie a ninguno de sus cargos.

En esta línea, tampoco el PP ni el diputado popular Antonio Torres prevén renuncias. Torres, al igual que Canales, también fue condenado a inhabilitación para desempeñar un cargo en una entidad local, pero en su caso, durante doce meses. La sanción económica impuesta asciende a 2.520 euros. El portavoz del PP en las Cortes de Aragón anunció el mismo día que se conoció el fallo que recurriría ante el Tribunal Supremo. De esta forma, también su condena queda en suspenso. Al contrario que Canales, Torres, que abandonó el Ayuntamiento de Sariñena, solo desempeña su actividad en el Parlamento autonómico.

Ambos se vieron envueltos en un proceso judicial a raíz de una denuncia presentada por un vecino por las sucesivas trabas que le pusieron para tramitar una licencia que pidió en 2003 para explotar una granja de cerdos y el conflicto de intereses que surgió con otro vecino, que pidió un permiso similar. Canales y Torres han sido absueltos de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad, por los que la acusación particular pedía penas de prisión.