El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por dos víctimas de la riada de Biescas contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 21 de diciembre de 2005 que fijó las indemnizaciones para los fallecidos en el campin Las Nieves en agosto de 1996, un total de 11,2 millones de euros a pagar de forma solidaria por los gobiernos central y autonómico.

Uno de los recursos de casación fue presentado por Sergio Murillo, un joven navarro que tenía 17 años cuando perdió a sus padres y a sus dos hermanos menores y que reclamaba una mayor cuantía por los daños y perjuicios. El otro recurrente es un campista madrileño que resultó herido al desbordarse el barranco de Arás (le tuvieron que amputar un brazo) y al que se denegó la indemnización.

La Audiencia Nacional condenó al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente a pagar a Sergio Murillo 210.354 euros por cada uno de los cuatro familiares fallecidos y 9.200 euros por los gastos del sepelio. Este afectado recurrió ante el Tribunal Supremo para que la indemnización se elevará a un total de 1.202.024 euros, más los intereses, 477.639. Su representante legal alegó la incorrecta aplicación del baremo legal que lo equiparaba a un accidente de tráfico y de los intereses de demora, y reclamaba además los gastos ocasionados para obtener la indemnización (abogados, procuradores, notarios...) invocando el principio de reparación integral del daño.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal recuerda que la Audiencia Nacional fijó una cantidad única por cada fallecido (180.203 euros), que en el caso de Sergio elevó porque perdió a toda su familia directa. Entonces se tuvo en cuenta “las excepcionales circunstancias de una persona que en plena minoría de edad pierde a todos sus seres más cercanos, con los que convivía y le aportaban lo que en todos los ámbitos de la vida una familia pueda dar a esa temprana edad”. El Supremo también rechaza los otros motivos alegados, por lo que desestima el recurso de casación.

Hasta Estrasburgo

Cabe recordar que Sergio Murillo llevó el caso a la justicia internacional, en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerar que la administración española no protegió la vida de las 87 víctimas, ya que la riada era un hecho previsible, ni posteriormente su derecho a un juicio justo, pues se archivó el proceso penal. Sin embargo, el tribunal de Estrasburgo rechazó la demanda porque las indemnizaciones acordadas por la Audiencia Nacional demostraban que hubo reparación del daño y se reconoció la responsabilidad de la Administración española.

El otro recurso de casación ante el Tribunal Supremo lo presentó un campista madrileño, Antonio E. P., que a consecuencia de las heridas perdió un brazo. Reclamaba una indemnización de 300.506 por “lesiones, secuelas y perjuicios sufridos”. La sentencia de 2005 no le reconoció el derecho a recibir una compensación porque no identificaron adecuadamente las lesiones y “quien reclama unos daños los ha de concretar y luego acreditar con medios de prueba”.

Queja al Justicia de Aragón

Por otra parte, el letrado de otro de los afectados ha elevado una queja al Justicia de Aragón contra la DGA, a la que acusa de tener bloqueado el expediente de reclamación de daños. Este debería estar concluido en julio, pero en los últimos seis meses no ha recibido ninguna notificación.