Conciliar vida laboral y familiar, una clase más sobre educación alimentaria, que el niño aprenda a comer de todo. Estos son algunos de los motivos que llevan a los padres a dejar a su hijo, en edad escolar, en el comedor del centro educativo. Alrededor del 44% de los alumnos de Infantil y Primaria hacen uso de este servicio del que disponen todos los colegios de las grandes poblaciones y para los que hay que hacer mucho encaje de bolillos para ponerlos en marcha en los núcleos rurales.

De los cerca de 18.000 estudiantes de Infantil y Primaria que hay en la provincia, alrededor de 8.000 se queda a comer en la escuela. Son un total de 95 los comedores que hay en el Alto Aragón. Pero de Educación solo dependen 54 que bien gestionan directamente la dirección de los centros bien las asociaciones de padres. En ellos se da servicio a un gran número de niños, un total de 7.458. Y es que se trata de las instalaciones que hay en centros con más de 25 alumnos, situados en las grandes poblaciones de la provincia. Entre este medio centenar los hay con personal propio y también de los que utilizan catering, como por ejemplo el Pedro J. Rubio, el Pirineos, el Alcoraz y el Parque -todos ellos de la ciudad de Huesca- y a los que llega la comida desde el IES Pirámide, que dispone de una amplia instalación de cocina.

Con solo seis niños

En el resto de comedores escolares de la provincia, un total de 41, la media de alumnos es de doce. Los hay con cerca de una veintena de niños, pero también en los que solo media docena reclaman este servicio. Son los situados en pequeñas poblaciones, en zonas rurales, y en los que, para garantizar esta prestación, el departamento de Educación llega a un convenio con los ayuntamientos para costear los gastos, porque si no llegan a un mínimo de 25, la consejería no se hace cargo de ellos.

Robres, Chimillas, El Grado, Tramacastilla, Bolea o Aineto son tan solo algunos ejemplos, porque el director provincial de Educación, José María Cabello, comenta que son un total de 30 los convenios de este tipo que tienen firmados con consistorios altoaragoneses, contratos que insiste que se mantendrán. Gracias a ellos, la consejería aporta el 60% de los costes, y el ayuntamiento correspondiente, el 40% restante. "Se estudia caso a caso", relata Cabello, quien añade que es el propio ayuntamiento el que, tras aprobarlo en pleno, solicita estos acuerdos. Para el director provincial este sistema mixto ayuda a dar servicio a los ciudadanos en el medio rural y colabora para establecer un equilibrio entre las grandes urbes y los pequeños pueblos.

José María Cabello asegura que no hay ningún comedor rentable si hablamos de economía y de "ganar dinero". Aunque matiza que el servicio si lo es si se habla de extender la educación al ámbito de la alimentación.

Lo que si tiene claro es que hay cierto "desequilibrio" en las becas que se otorgan. Habla del que se establece al subvencionar el servicio -que tiene un precio de unos 80 euros al mes-, a todos los escolares transportados. "No siempre el alumno que se desplaza tiene menos recursos. Él come gratis y tal vez haya niños que viven en el mismo pueblo en el que está el colegio y puedan necesitarlo más", recalca. No asevera que vayan a cambiar el método, pero si adelanta, como hizo la consejera, que "buscar un sistema más ecuánime, que reciba más ayuda quien más lo necesite (en función de las rentas) independientemente de si es transportado o no, tal vez sea uno de los mayores cambios".