Alós pedirá hoy asesoramiento jurídico para evitar el despido de los 21 funcionarios

La cuenta atrás ha comenzado. El Ayuntamiento de Huesca tiene un plazo de dos meses para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula unas oposiciones de auxiliar administrativo por las que hay 21 funcionarios trabajando y que obliga a cesarlos. La alcaldesa, Ana Alós, aseguró ayer que los servicios jurídicos del consistorio y de recursos humanos van a trabajar desde hoy mismo para buscar una fórmula jurídica que evite el despido. Será la principal encomienda de esta semana. Al mismo tiempo, también comentó que iba a pedir el asesoramiento de los mejores expertos en la materia.

Sin embargo, "no va a ser fácil. No quiero crear tampoco falsas expectativas", apuntó Alós, que conoció la sentencia la noche del jueves cuando ya se encontraba en Málaga para participar en la convención del Partido Popular. "Si me hubiera enterado antes no me hubiera ido, lógicamente. Ya estuve trabajando desde allí y en permanente contacto para informar el viernes a la ciudadanía porque la situación es de máxima gravedad", definió con las mismas palabras que pronunció el viernes el concejal Gerardo Oliván, que explicó el asunto en rueda de prensa.

"Depurar responsabilidades"

Por otro lado, Alós no descarta iniciar un proceso para "depurar responsabilidades" en el interior del Ayuntamiento. "La situación es grave y muy complicada, no nos vamos a engañar. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender el puesto de trabajo de esas 21 personas, pero nosotros también tenemos que estar sometidos a la ley", indicó. En este sentido, "vamos a ver las fórmulas que dentro de la legalidad nos permitan mantener esos puestos de trabajo", abundó.

Para la alcaldesa el principal problema es que el proceso ya está muy avanzado. "Lo malo es que había ya una sentencia que invalidaba el proceso y en estos momentos estamos ya en el último recurso", recordó. De ese fallo inicial hace ya cuatro años y, en ese momento, el Ayuntamiento para evitar el colapso administrativo que hubieran supuesto los despidos y como pago de la restitución patrimonial que reclamaron los 21 trabajadores, se les despidió y se les volvió a contratar manteniendo su condición de funcionarios.

A esa solución se llegó después de recibir también informes jurídicos, con el acuerdo de todos los partidos, incluido el PP (entonces en la oposición), e incluso de los sindicatos, excepto el denunciante CSI-CSIF. No obstante, Alós indicó que en ese momento afectaba a menos personal, puesto que el resto se han incorporado paulatinamente a medida que fue necesario recurrir a la bolsa de empleo que se creó tras esa oposición.

La alcaldesa, Ana Alós, quiso transmitir ayer un mensaje de calma. "Los 21 trabajadores van a tener todo el apoyo del gobierno municipal para buscar soluciones y que dentro de la legalidad puedan seguir trabajando en el Ayuntamiento. No sé en qué condiciones ni de qué manera, porque eso no lo podemos garantizar. La sentencia dice lo que dice y vamos a intentarlo", insistió.

En este sentido, también resalta que el viernes ya se reunieron con los sindicatos que mostraron su voluntad de llegar a un acuerdo para encontrar una solución. "Es muy importante también esa disposición por parte de CSIF porque son los que han llegado hasta el final", indicó. Alós se solidarizó con los afectados que se encuentran ahora en "el filo de la navaja" y trabajando "con mucha incertidumbre".