Frente común en Andorra para crear una hoja de ruta de movilizaciones por la minería

La alternativa al Decreto de Garantía del Suministro, documento que regula el sector, no termina de llegar y Endesa sigue sin tomar una decisión con respecto a las inversiones en la central térmica, por lo que la paciencia se agota en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Por este motivo, trabajadores, sindicatos, políticos, empresarios y vecinos plantearon ayer, en una asamblea en Andorra, la creación de una mesa ciudadana para plantear un frente común de cara a futuras movilizaciones.

La próxima semana elaborarán una hoja de ruta. "Descartamos la opción de la huelga porque hace dos años no conseguimos nada y para las familias fue muy duro. Necesitamos buscar una fórmula efectiva", destacó Salomón Amador, trabajador de la subcontrata de Ariño, en la que han sido despedidos 33 trabajadores.

Para los representantes del sector Alejo Galve y Antonio Planas es "la hora de los políticos". "La DGA ha declarado como zona estratégica hasta regadíos en Monzón. No entendemos por qué no se hace los mismo con la central", valoraron.

La tensión ha aumentado después de que la consejera de Hacienda de Castilla y León declarara que Bruselas podría haber rechazado el sistema de pagos por capacidad, una herramienta de incentivos para la compra de carbón nacional. "De ser así, el ministro Soria no habría hecho los deberes, ya que tras el informe negativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se comprometió a redactar un nueva orden", destacó el sindicalista Hilario Mombiela. No obstante, la eurodiputada aragonesa Inés Ayala confirmó ayer que no existe ninguna novedad al respecto. Más allá de estas ayudas, propuestas por el Ministerio de Industria, Aragón, Asturias y Castilla y León vienen solicitando reiteradamente que se contemplen otras alternativas como la rebaja del ‘céntimo verde’, que grava a industrias como la del carbón y que la central se considere de "interés estratégico" regional como se ha hecho con General Motors o incluso regadíos.

Hace 15 días, en una reunión entre sindicatos aragoneses y la consejera de Industria, Marta Gastón, se exigió una nueva normativa que incentivara las inversiones a través de la garantía del suministro, que supondría una reserva del 7,5% de la producción para el carbón. Para Joaquín Noé, alcalde de Ariño, aquí está la clave para asegurar que se mantenga el lignito en el mix energético. "El panorama se presenta desalentador y no podemos perder más tiempo", dijo. Esta opinión ha sido defendida también desde la Comarca de Andorra. Para su presidente, Antonio Donoso, sería fundamental la declaración de la central como de Utilidad Pública y de la cuenca minera como Zona Estratégica: "Si Europa ha dicho no a los pagos por capacidad esto supondría meses redactando otra alternativa. DGA tiene que dar un ‘zapatazo’ sobre la mesa".