La Dirección General de la Policía ha formalizado recientemente el contrato para el suministro de comida a los detenidos que ingresen en los calabozos de las comisarías de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón. El contrato, que está valorado en más de 3,1 millones de euros y se ha dividido por lotes para facilitar el proceso, tendrá una duración de tres años (parte de 2016, 2017, 2018 y parte de 2019) y no se admiten prórrogas.

Aragón está incluida en el lote número 2 junto con Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja. En este lote hay 70 comisarías de Policía en total, nueve de ellas están situadas en territorio aragonés. El lote ha sido adjudicado por el precio de base de licitación: 495.000 euros (IVA incluido) a la empresa Albie.

Con sede social en la madrileña calle de Serrano, esta empresa se ha adjudicado los cuatro lotes en los que se había dividido el contrato. Con más de 20 años de experiencia, en su página web la propia sociedad indica que su “compromiso social incluye, de forma muy especial, ofrecer soluciones de restauración para el Ejército y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Menús variados y equilibrados por contrato

Para ganar este concurso público, los responsables de Albie se han tenido que leer con mucho detenimiento unos pliegos técnicos en los que se detallan todas las características que han de tener los menús para los detenidos. La dieta constará de desayuno, comida y cena.

Por contrato se exige que se trate de una alimentación “que debe reunir tres características: variedad, equilibrio y suficiencia”. Así mismo, se indica que el aporte calórico diario de los mismos “no será inferior a 2.200 kilocalorías” y se especifica las cantidades de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales que han de contener.

Para desayunar, leche sola o con cacao, zumo, galletas y magdalenas o bollería. En la comida, un plato de legumbres, cereales o verdura acompañado de una pieza de carne o pescado de como mínimo “350 o 400 gramos” con pan. El menú nocturno será muy parecido al del mediodía pero con menor aporte calórico.

La empresa ha de presentar los alimentos en envases diferenciados que permitan ser calentados sin necesidad de abrirlos y se manipulen de forma rápida y fácil. Los alimentos tendrán que estar libres de huesos y espinas. La razón no es otra que evitar las autolesiones de los detenidos. Otra circunstancia importante a observar por la adjudicataria es que todos los platos han de poder ingerirse tan solo con cuchara: a los detenidos no se les dará ni cuchillo ni tenedor.

No hay un único menú: a la hora de elaborar las raciones de comida, dicen los pliegos, se tendrán en cuenta “las creencias o religiones” de los detenidos sobre la ingesta de determinados alimentos. Además, también se preparan menús específicos para personas intolerantes al gluten. Se ha calculado un precio unitario de 4,95 euros para las comidas, cenas y dietas especiales; de 5,50 euros para los menús de celiacos; y de 1,65 euros para los desayunos.

Los calabozos aragoneses que contarán con este servicio serán la Jefatura de Aragón y las comisarías del Arrabal, Delicias, Rey Fernando y San José, en Zaragoza; los de Calatayud, Huesca, Jaca y Teruel. Teniendo en cuenta que el lote 2 ha sido adjudicado por 495.000 euros y en total hay 70 comisarías, el presupuesto unitario es de algo más de 7.000 euros.

¿Qué pasa en otros calabozos?

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza han explicado que en los calabozos del Instituto Armado no tienen un servicio de catering: cuando algún detenido tiene que comer, alguno de los agentes en servicio acude a comprarles un bocadillo. Por su parte, en las dependencias de la Policía Local de la capital aragonesa, situadas en el cuartel de La Paz, lo más frecuente es que los detenidos estén allí solo unas horas lo que no hace necesario darles comida.

Hay que señalar que este proceso de contratación se ha demorado algo en el tiempo porque una de las empresas que quería adjudicarse el servicio interpuso un recurso contra los pliegos. El proceso quedó suspendido de forma cautelar pero, tras estudiar la queja, el tribunal administrativo encargado de la causa decidió desestimarlo y el procedimiento siguió adelante. El contrato quedó definitivamente formalizado el pasado 5 de febrero.