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Esco, Becerril y Agapito abocaron a Plaza a un "dispendio inadmisible" de 8,7 millones

La Audiencia les condena a penas de 4 años por abonar un sobrecoste "prohibido por contrato". Absuelve de malversación a Pérez Cervantes porque quedó al margen de la orden ilegal de pago.

En la imagen, Miguel Ángel Pérez Cervantes, Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril y Carlos Esco.
En la imagen, Miguel Ángel Pérez Cervantes, Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril y Carlos Esco.

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) "nunca" debió hacerse cargo de los 8,7 millones de euros que costaron de más las 119 naves que una de las constructoras de Agapito Iglesias (Codesport) levantó en el complejo logístico ubicado junto a la autovía de Madrid. Según la Audiencia de Zaragoza, al consentir el pago de este enorme sobrecoste mediante el abono de cuatro pagarés no autorizados, el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco (PSOE) y Agapito Iglesias abocaron a la sociedad pública a un "inadmisible dispendio doloso". De ahí que el tribunal del llamado caso Naves condenara ayer a los tres a sendas penas de cuatro años de cárcel por un delito de malversación.

Al margen de esta fraudulenta operación queda el cuarto acusado, el exdirector técnico de Plaza Miguel Ángel Pérez Cervantes, al que defendía la letrada Carmen Cifuentes y que ha sido finalmente absuelto. Se da además la circunstancia de que el pronunciamiento del tribunal no ha sido unánime, puesto que el magistrado Alfonso Ballestín discrepa de sus compañeros –Rubén Blasco, presidente de la Sección Sexta, y Carlos Lasala, ponente del fallo– y ha emitido un voto particular en el que argumenta que al único que se debía condenar era a Becerril.

Tras más de cuatro meses de deliberaciones, ya que el juicio se celebró a finales del pasado mes de septiembre, el tribunal admite que aunque las obras se presupuestaron en 2005 en 14,5 millones de euros "pudieron" llegar a costar realmente 32,4, cantidad que acabó abonando Plaza. Sin embargo, los magistrados tienen muy claro que de este considerable sobreprecio la única que debía responder era la empresa Autocity. ¿Por qué? Porque así se acordó cuando esta mercantil compró todas las naves a Plaza (en febrero de 2006), solicitó que en lugar de las 78 inicialmente previstas se levantaran 119 y encargó una serie de acabados "a medida".

Plaza asumió que al tener que hacer más naves sería necesario urbanizar más suelo. De hecho, se iba a usar una parcela de 40.000 metros cuadrados y al final hubo que edificar sobre una de 51.892. La plataforma dijo que pagaría el exceso de superficie construida hasta una cantidad máxima de 22,6 millones, pero en el contrato firmado con Autocity se desvinculó de cualquier modificado extra. En ello se basa precisamente la Audiencia de Zaragoza al afirmar que de los pagos extra que exigió Codesport a la conclusión el proyecto "nunca" debió responder Plaza.

Según la sentencia, el propietario de Codesport era perfectamente consciente de que era a Autocity a quien debía reclamar el abono de las modificaciones. "Pero le importó muy poco", dicen los magistrados, y en su afán por evitarse una reclamación vía civil a Autocity y garantizarse lo antes posible el cobro del trabajo realizado presionó a Ricardo García Becerril y a Carlos Esco (PSOE) para que le abonaran la diferencia. La Policía intervino un correo electrónico que demuestra que el exgerente de Plaza se opuso en un principio a las exigencias de Codesport y le dijo que "no tenía base legal" para aceptar las últimas cuatro facturas. Pese a ello, la constante insistencia del constructor llevó finalmente a Becerril y a Esco a avenirse a sus deseos.

A la hora de absolver a Pérez Cervantes, la Audiencia recuerda que este "no certificó nada de esos sobrecostes y revisiones de precios. Diferente fue la actitud de sus compañeros de banquillo, a los que el tribunal obliga ahora a indemnizar de forma conjunta y solidaria a Plaza por el importe de la cantidad malversada: 8.740.140 euros.En caso de impago, deberá hacer frente a este pago Codesport, a la que se ha declarado responsable civil subsidiaria.Las defensas ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo.

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