El Procurador del Común reclama más vigilancia policial "en todas" las piscinas de verano

La institución advierte de que los socorristas sienten indefensión y falta de competencias cuando surgen problemas.

Un socorrista en la piscina de Quintana Redonda, en una imagen de archivo.
Un socorrista en la piscina de Quintana Redonda, en una imagen de archivo.
Mariano Castejón

La unión de más de 200 socorrisras ha puesto en alerta al Procurador del Común, que propone llevar a cabo ya de cara a este verano sustanciales cambios en la regulación municipal y vigilancia, incluso policial, de las piscinas descubiertas de dominio público de la región, de las que 41 se ubican en la provincia. Abrirán sus puertas, como es habitual, en menos de un mes, con el inicio de julio, y cerrarán al término de agosto.

La institución ha recibido una queja única suscrita por más de 200 socorristas de toda Castilla y León en la que dicen sentirse desamparados legalmente al ser considerados algo así como la máxima autoridad de estos recintos si bien sus competencias deberían ceñirse en exclusiva a las tareas de salvamento y primeros auxilios, destacan a este periódico fuentes de la entidad. No en vano, basta con acercarse a cualquier piscina de verano de la provincia para comprobar que estos profesionales desarrollan paralelamente otras funciones tales como vender entradas, barrer, examinar niveles o hacer cumplir las normas de uso de estos espacios. Habitualmente, un solo socorrista se ve obligado a asumir todas estas funciones cuando las piscinas están abarrotadas, lo que condiciona su capacidad de socorrer las incidencias que se producen en el agua.

Incluso "deben intervenir en los altercados entre usuarios, desatendiendo así sus funciones específicas y sin contar con el respaldo de la Policía local, Guardia Civil o, eventualmente, de la seguridad privada con la que cuente la instalación", según trasladó el Procurador del Común a través de una nota de prensa.

En consecuencia, ha remitido una sugerencia a todos los ayuntamientos de la comunidad de más de 5.000 habitantes en el que se insta a cumplir tres puntos. No obstante, estas recomendaciones no son exclusivas para estas localidades sino que se extienden "a todas" las que ofrecen piscina pública durante el verano.

En uno de los puntos, insta a que se valore la posibilidad de "incluir o reforzar" el control policial de estas instalaciones "en las franjas horarias en las que se pueda presentar mayor nivel de conflictividad". A través de la Policía Local o de la Guardia Civil.

Por otro lado, propone aprobar, si no se ha hecho aún, una reglamentación de organización y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales que contenga "un catálogo de conductas infractoras y de sanciones aplicables, a las que se debe dar la oportuna difusión". Resulta conveniente, agrega el apartado, que dicha reglamentación contenga "un protocolo de intervención" ante los incidentes o altercados en las instalaciones, "que debe ajustarse a las competencias profesionales exigibles" a cada uno de los socorristas. Y fijar "con claridad" los supuestos en los que debe solicitarse el auxilio de los cuerpos de seguridad: Policía Local, Guardia Civil y otros.

El tercer punto, aconseja que se facilite a los empleados "algún mecanismo" para la constancia de incidentes, "de manera que puedan detectarse los problemas más frecuentes y establecerse mecanismos efectivos para la resolución de los posibles conflictos".

Después de atender la reclamación, el Procurador del Común manifiesta que estas situaciones "son cada día más frecuentes" en las instalaciones públicas y suponen "un incremento del peligro para la totalidad de los usuarios" de las piscinas, "lo que se agrava con la inexistencia de normativa sancionadora" que permita "la imposición de multas y pueda disuadir a los usuarios del incumplimiento de las recomendaciones del servicio de socorrismo, facilitando así un mayor control de las conductas de riesgo".

La institución asegura que "la mayoría de las entidades locales" de la comunidad cuentan "únicamente" con normas de funcionamiento con "la información mínima" en forma de consejos o recomendaciones directamente extraídos de la página web de la Consejería de Sanidad de la Junta.

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