El Gobierno limitará las causas penales a un plazo de 6 y 18 meses con el fin de agilizar
Se trata de la primera reforma que presenta al Consejo el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma procesal que limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para los sumarios más complejos, con el fin de agilizar la tramitación para que los casos no se alarguen durante años.
Fuentes parlamentarias han informado de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) ha tenido como base el borrador del Código Procesal Penal que elaboró el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, un propuesta "muy ambiciosa" que al final se ha quedado en una "reforma parcial" ante la falta de tiempo.
Así, el anteproyecto establecerá un plazo máximo para la instrucción, que por norma general será de seis meses para las causas ordinarias aunque podrá extenderse hasta los 18 para los sumarios más complejos, como los relativos a terrorismo, grupos criminales y corrupción.
Estos plazos podrán ampliarse cuando lo considere necesario el órgano instructor y lo apoye la Fiscalía.
La otra gran novedad afectará a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, que dejarán de estar conectados entre sí por cada delito, de manera que se instruirá una causa por cada uno de esos delitos.
El texto también autorizará la intervención y registro de las comunicaciones ya sea por teléfono o mediante cualquier otro sistema telemático, lo que facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben apoyar medidas de investigación que no tienen hoy un soporte en nuestra legislación.
Además, algunos trámites de faltas sin autor conocido dejarán de tener un tratamiento jurisdiccional y en fiscalía, porque son asuntos de orden meramente administrativo.
Según las fuentes, la falta de tiempo no permite abordar una propuesta más ambiciosa como la que defendía Ruiz-Gallardón, y que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de a los jueces de instrucción.
No obstante, se tomarán algunos elementos "urgentes y necesarios" del borrador de la comisión de expertos que presidió el juez Manuel Marchena, ahora presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, para aprovechar ese trabajo previo que realizaron los juristas y que "no fue en vano", pues ha servido de base para este anteproyecto.
De hecho, se trata de la primera reforma que presenta al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien se ha comprometido a sacar adelante en lo que resta de legislatura una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial -antes de que termine el año- y a impulsar el Código Penal, que lleva más de un año parado en el Congreso.
