El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad en relación a algunos de los preceptos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, al considerar que la Comunidad se ha "otorgado competencias exclusivas" sobre aguas que en realidad son "intercomunitarias" y cuya gestión corresponde al Estado.

Según ha defendido, "las aguas intercomunitarias que discurren por Aragón, pertenecientes a las cuencas del Ebro, del Tajo y del Júcar, son competencia exclusiva y plena del Estado, según el artículo 149.1.22ª de la Constitución".

Por otra parte, señala que la ley autonómica atribuye también al Gobierno de Aragón competencias que sí le corresponden, pero únicamente debido a la transferencia o encomienda de estas por parte del Ejecutivo central.

De hecho, el recurso presentado señala que ve "igualmente institucional" que el texto legal "asuma que van a existir convenios para transferir determinadas competencias del Estado para la gestión de las aguas".

A juicio del Ejecutivo, el hecho de que el Gobierno del Estado mantenga competencias en materia de gestión de aguas responde a la finalidad de "asegurar el principio de unidad de cuenca y una gestión homogénea del recurso".

"Por este motivo, la norma autonómica no puede prefigurar la existencia de encomiendas y transferencias en relación con aguas intercomunitarias, ya que estos instrumentos sólo pueden ser posibles en el marco de la legislación estatal y por una decisión del Estado que respete el principio de unidad de cuenca e impida una gestión fragmentada del agua", ha indicado.