El Consorcio del PEMA gasta 40.000 euros a pesar de la nula inversión y sin haberse reunido desde 2015

El Consorcio para la promoción, desarrollo y gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente cerró 2016 con un gasto de 40.021 euros en el que no se ejecutó cantidad alguna del apartado destinado a inversión, cifrado entonces en unos 2.000 euros destinados a maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario. Esa redacción presupuestaria fue la última de las decisiones que tomó el núcleo político del Consorcio, que engloba a la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Garray y que no se reúne desde diciembre de 2015.

El que fuera el ente promotor de la ‘desaparecida’ -sobre el papel- Ciudad del Medio Ambiente ejecutó un 60% del presupuesto planteado a comienzos del año pasado, que ascendía a 66.000 euros. Según las cifras adelantadas por la Diputación Provincial, la mayoría de lo gastado, hasta un 57,7% (23.100 euros), corresponde al personal. En concreto a la aportación del Consorcio a tres trabajadores. Así, 12.866 euros corresponden a las retribuciones complementarias del personal funcionario y se repartirían entre el secretario y la interventora de la institución provincial. Exceptuando los 1.557 euros de Seguridad Social, un puesto laboral fijo aglutina los 8.682 euros restantes. Este estaría ocupado en la actualidad por la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, quien antes estuvo en la Comisión Ejecutiva. Fue en noviembre de 2015 cuando delegó este puesto en el concejal del municipio Enrique Ruiz, también popular. El 12 de enero de 2016, a pesar de las dudas iniciales de la Diputación acerca de la finalidad del ente, se aprobaron los nuevos estatutos del PEMA por los miembros de la Comisión de Régimen Interior, Personal y Patrimonio de la institución provincial.

Las alusiones al Consorcio desde entonces son prácticamente nulas, más allá de que se aprobara de forma definitiva el presupuesto del año pasado el 22 de enero de 2016. Las cuentas de 2015, en las que tampoco se ejecutó la partida de inversión, todavía no estarían aprobadas. Ni las que hacen referencia a este artículo.

A raíz de una cuestión planteada por este medio, la Junta de Castilla y León avanzó que está previsto que se convoque una nueva reunión de los miembros para «finales de marzo o principios de abril». La fecha, que llegará más de un año y medio después, «está pendiente de fijar». El encargado de ello es el presidente del Consorcio. En este caso, el director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez, quien llegó al proyecto de la CMA de mano de la soriana María Jesús Ruiz, cuando ejercía como consejera de Medio Ambiente en el Ejecutivo regional. La de Jiménez no es una figura política asidua en la provincia y según el acta de la última reunión no habría acudido a la misma, teniendo que ejercer su función el presidente de la Diputación y vicepresidente del Consorcio, Luis Rey.

Partidas a medias y sin ejecutar

El desglose de las cuentas detalla que, a pesar de que el Consorcio ha estado inactivo desde finales de 2015 y de la ausencia de inversiones en los últimos dos años, el ejercicio de las tareas administrativas y aquellos trabajos realizados por empresas externas han supuesto en 2016 casi 17.000 euros. Se incluyen ahí 47,50 euros en dietas (se preveían 1.000), 1.738 euros en suministros (6.000) u 800 en comunicaciones (1.000). Además de los sueldos del personal efectivo, se externalizan otros 4.660 euros. Cuestionadas las fuentes por la naturaleza específica de estas partidas, a día de ayer no había sido posible conocer su naturaleza. En cualquier caso, habrían de corresponder a los fines para el que fue creado el Consorcio y que derivan de su propia nominación: promoción, desarrollo y gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente.

No se ejecutaron otras partidas, todas por 500 euros, destinadas a atenciones protocolarias y representativas, publicidad y propaganda, servicios jurídicos, reuniones y conferencias y gastos diversos.

Cabe mencionar en este punto la paralización de las obras en la zona, después judicializadas, en mayo de 2013 y su transformación en parque empresarial a comienzos de 2015. El espacio empresarial está detenido a falta de la decisión del Contencioso Administrativo por el recurso interpuesto por ASDEN contra el PEMA y las cúpulas de la CMA. Desconoce este medio, hasta el momento, el volumen de trabajo que requiere en este punto el desarrollo de las funciones necesarias.

En su conjunto, la partida de gastos alcanza los 40.021 euros, 26.000 menos de lo previsto pero 2.000 euros más que en 2015 (38.717). Contrasta con los ingresos, que han aumentado respecto a la previsión. De 66.000 a 68.950 euros. Este 2016 fue el primero «en dos o tres años», alcanzan a determinar desde Diputación, en el que la Junta de Castilla y León hubo de inyectar efectivo al Consorcio. Fueron 59.000 euros, más 5.000 de la Diputación Provincial. A falta de cerrar las cuentas, la institución provincial trasladó su negativa a detallar el remanente de tesorería. Este era de 135.000 euros en 2010 y de 354.000 en 2008.

En este apartado de ingresos resalta el apunte destinado a arrendamiento de fincas urbanas, por el que el ente ingresó 4.950 euros (frente a los 1.500 previstos). Según las fuentes, relativos al alquiler a la empresa Aleia Roses de un espacio en el edificio del Consorcio en Garray, que habría finalizado ese mismo año. Resulta que el del alquiler es un apunte que se repite también en el apartado de gastos, por 6.600 euros.