El Comité denuncia que Sarga reduce el operativo de incendios de 800 a 98 personas

Los representantes de los trabajadores de Sarga han denunciado este martes que con el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la empresa pública el operativo de extinción de incendios pasará de 800 a 98 personas, quedando el resto relegados a trabajos herbícolas con peores condiciones laborales que las actuales.

En rueda de prensa, la presidenta del Comité Intercentros, Leonor Sánchez, de CC.OO, ha expresado el descontento de los trabajadores con un acuerdo que "tiene su truco" y que oculta las intenciones del Gobierno de cambiar el modelo de servicio.

Así, de las 800 personas que hasta ahora formaban el operativo de prevención y extinción de incendios, solo continuarán en el mismo las 98 personas pertenecientes a las cuadrillas helitransportadas, mientras el personal terrestre, de puntos fijos y de conductores de autobomba pasa al paro y a realizar tareas herbícolas a demanda.

Este personal excluido, según los representantes sindicales, no podrá formar parte de los operativos de extinción, como ha quedado demostrado en los últimos incendios en Alcañiz y Barbastro, en los que no había trabajadores en las torres que dieran aviso de la incidencia.

En palabras de la presidenta del Comité Intercentros, el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa pública supone un "fraude a la sociedad aragonesa".

Ha denunciado también que las primeras cuadrillas terrestres no comenzaron a trabajar hasta finales de mayo y que hay gente que no ha empezado todavía, por lo que ha reclamado un empleo "estable y digno" e igualitario, que vaya "de menos a más" si se quiere mantener el medio rural y cuidar el medio ambiente, porque "trabajo hay muchísimo".

En cuanto a las condiciones, ha llamado la atención sobre la reducción salarial de entre 200 y 300 euros en unos sueldos "mileuristas" y que ahora el desplazamiento al punto de encuentro corre por cuenta del trabajador.

Su compañero Javier Carrascón, de CGT, ha añadido que los rendimientos exigidos no se pueden cumplir, que cree que abren la puerta a la privatización del sector, y que se incluyen condiciones "absurdas", como la obligación de recuperar los días de lluvia en que no puedan trabajar en el monte.

A su juicio, el acuerdo es "un paso más en la precarización del colectivo", con más dinero -un total de 3,6 millones de euros- pero con un anexo en lugar de una ampliación que les deja fuera del operativo, aunque se declare "un incendio al lado".

Asimismo, ha criticado que este aumento de la dotación presupuestaria, pactado por PSOE y Podemos para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2017, se va a dedicar también a contratar empresas privadas para actividades herbícolas.

Andrés Martín, delegado de CSIF, ha rechazado la modificación "sustancial" de las condiciones y ha reivindicado la importancia de tener un servicio público de calidad que "a día de hoy no existe por la parte política".

Javier Pérez de Luna, de OSTA, ha incidido sobre la desigual ampliación del contrato, de la que se verán más beneficiados aquellos que llevan más tiempo trabajando y dejando fuera a puestos fijos, conductores o trabajadores de espacios protegidos, todos ellos cualificados para la tarea.

En su opinión, "ya no se puede hablar de operativo de prevención y extinción de incendios".

Por último, Piluca Baselga, en representación de Cooperación Sindical, ha afirmado que la precariedad se hace ahora más grande debido a la oferta de la empresa de hacer un nuevo contrato a personas que ya lo tienen, que crea un "agravio comparativo" y trabajadores "de primera y de segunda".