El asesinato de Soraya Gutiérrez Sanche a manos de su exnovio en Miralbueno, apenas 20 días después de que esta presentara una denuncia contra él por ponerle una pistola en la cabeza, va a llevar al Ministerio del Interior a plantear reformas en los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género. Así lo reconoció ayer en Zaragoza el ministro Jorge Fernández Díaz, quien sin llegar a asumir errores policiales en la muerte de esta mujer, de 37 años y madre de un hijo de 5, reconoció que "se debe aprender de las experiencias, aunque estas sean traumáticas".

El máximo responsable de los cuerpos de Seguridad del Estado salía así al paso de las duras críticas lanzadas desde diferentes colectivos sociales y organizaciones políticas, incluido el Observatorio contra la Violencia de Género, que por boca de su presidenta, María Ángeles Carmona, calificaba ayer de "fallo absolutamente innegable" el crimen de Soraya en el bar Planet. Al ser preguntado por cómo podía producirse la muerte de una mujer que carecía de protección pese a haber denunciado un ataque tan grave, Fernández Díaz se amparó en el "secreto de sumario". "Comprenderán que hay una investigación judicial abierta y no puedo pronunciarme sobre las circunstancias que concurren en este hecho más allá de las que ya todos conocemos", señaló.

"Creo que todos los partidos políticos y por supuesto el Gobierno estamos en la misma línea. Y todo lo que haya que reformar para mejorar la eficacia en la lucha contra esta terrible patología social se reformará", manifestó el ministro cuando se le preguntó por los posibles fallos del actual sistema de vigilancia y protección a las maltratadas. Para Jorge Fernández Díaz, parece "razonable" que tras el último asesinato perpetrado en Zaragoza haya que revisar los parámetros con los que se valora el riesgo real de cada víctima. Porque a Soraya Gutiérrez se la clasificó en "riesgo mínimo" porque su expareja vivía en Medina del Campo (Valladolid), a 400 kilómetros de la capital aragonesa. Y, desgraciadamente, su asesinato ha demostrado que la distancia no es obstáculo para un maltratador cuando tiene claras sus intenciones.

Según el entorno más cercano de Soraya Gutiérrez, la Policía no dio prioridad a su caso porque creyó que el arma con la que su expareja, Miguel Rubén Moreno, la amenazó a comienzos de febrero era de juguete. La Jefatura Superior negó que restara importancia a esta denuncia e insistió en que estuvo "dos días" buscando la pistola. Finalmente, el agresor fue detenido, pero valorando el atestado policial y la inexistencia de antecedentes, el juez decretó su puesta en libertad con una orden de alejamiento de 500 metros durante cuatro años.Exigen dimisiones

Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, "lo que no se puede permitir es que una mujer que lleva a cabo el acto heroico de denunciar los malos tratos tenga que morir asesinada". Pese a todo, en declaraciones a EFE, María Ángeles Carmona reconoció ayer que es fundamental que las mujeres "sepan rechazar estas situaciones y las denuncien".

En la misma línea se posicionó la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, quien insistió en que "hay que seguir denunciando estos casos, porque es la única forma de visibilizar esta violencia y de que se pueda hacer algo". Sobre la última muerte registrada en la capital, la edil se mostró categórica: "Ha fallado el análisis de riesgo".

La concejal participó en la concentración silenciosa celebrada en la plaza del Pilar, a la que se sumó también, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde. Ha sido precisamente a este al que desde Podemos, Chunta Aragonesista o la Asociación de Mujeres Amparo Poch se ha exigido la dimisión por considerar "inadmisible" que una mujer que había denunciado amenazas de muerte acabe siendo asesinada. "Se ha producido un evidente fallo en las medidas de protección para la víctima", señaló la secretaria general de CHA, Carmen Martínez.

Las Cortes de Aragón, el Ejecutivo autonómico y la Diputación de Zaragoza se solidarizaron también ayer con las víctimas de la violencia de género a través de sendas concentraciones a las puertas de sus respectivas sedes. La del edificio Pignatelli estuvo encabezada por el presidente Javier Lambán, aunque fue la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, la encargada de leer el manifiesto en el que se exigió "un pacto de Estado" para combatir el problema.El funeral, hoy en Torrero

Tras las muestras de cariño y solidaridad de este martes, hoy tendrá lugar en el cementerio de Torrero el funeral y último adiós a Soraya Gutiérrez. La ceremonia se celebrará a las 17.00 en la capilla número 3 del camposanto zaragozano. Los forenses practicaron la autopsia tanto a la víctima como a su asesino el pasado lunes por la tarde y la juez que lleva el caso no ha puesto ningún problema para entregar el cuerpo a la familia.