El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP). Una sentencia de la sala del contencioso administrativo declara la nulidad de varios aspectos del anexo de la orden del Ministerio de Industria y Energía por la que se recortaban un 40% las primas de la energía eléctrica producida en las plantas de tratamiento y reducción de purines mediante cogeneración. Aquella decisión del departamento que ocupaba entonces José Manuel Soria abocó al cierre a 29 plantas en toda España. En Aragón se vieron afectadas cuatro plantas situadas en la provincia de Huesca. El grupo Iberdrola tiene dos situadas en la comarca del Cinca Medio, una en Monzón y otra en Fonz. También en el Cinco Medio y también en Monzón se encuentra la planta de la compañía Gas Natural. Una cuarta planta está situada en la localidad de Altorricón y pertenece al grupo norteamericano Desser Rand.

El fallo, con fecha 20 de junio, estima el recurso interpuesto por ADAP contra la orden por la que se aprueban los "parámetros retributivos de las instalaciones aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, especialmente en la parte referida al tratamiento de los purines en cuanto a los valores y los parámetros relativos a los costes de inversión y explotación".

La organización agraria COAG, en la se integra la aragonesa UAGA, ha aplaudido la sentencia y espera que esta decisión judicial permita que "las plantas todavía no desmanteladas recuperen la actividad y ayuden de nuevo a los ganaderos en la tarea de gestionar las deyecciones", señaló ayer Jaume Bernis, responsable sectorial del porcino de COAG. Bernis recordó que 29 plantas de purines existentes gestionaban alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de purines procedentes de más de 2.000 explotaciones de porcino. Su cierre, como consecuencia de la pérdida de la mayor parte de las primas, obligó además a las explotaciones ganaderas, explicó el sindicalista, a recurrir a "nuevas técnicas de gestión que suponían inversiones, más costes para los ganaderos y una pérdida de competitividad".