"La reforma laboral servirá para mucho tiempo porque va a ser sustancial", afirmó ayer desde Roma el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Las declaraciones se produjeron tan solo 10 horas después de la ruptura de la negociación con CEOE, CC. OO. y UGT y 24 antes de que el Ejecutivo presente, por separado y por escrito, a empresarios y sindicatos su última propuesta. Sin embargo, ese documento no será el definitivo.

Los grupos parlamentarios también tienen algo que añadir antes de la aprobación de la reforma, vía decreto, el próximo 16 de junio.

El Gobierno necesita el respaldo de las Cámaras para la tramitación de los cambios como proyecto de ley. Y, ante esta situación de incertidumbre, los sindicatos mantienen en suspense la convocatoria de la huelga general.

Rodríguez Zapatero insistió en que "queremos ir a un modelo (de mercado de trabajo) donde la contratación indefinida sea la norma". Apuntó que el objetivo de su Gabinete es "reducir el esfuerzo y el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos".

Precisamente, en la madrugada del jueves, el Ministerio de Trabajo aclaró a los agentes sociales su pretensión de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), financiado con cuotas de los empleadores, pague a las empresas ocho días de la indemnización del despido procedente (20 días por año de servicio) o improcedente (45 ó 33 días por año de servicio), sin aminorar el importe recibido por los trabajadores.

La ayuda se aplicaría tanto para las rupturas individuales como para las colectivas. Habría una cotización adicional de los empresarios al Fogasa para hacer frente a la medida. La aportación se establecería sobre el coste diario que suponga la indemnización.

Demasiada precariedad

El presidente hizo hincapié en que la reforma perseguida no puede durar "dos, seis u ocho años". El país necesita cambios de mayor vigencia que corrijan "el mal histórico" que padece, consistente en que "cada vez que hay una crisis económica nuestra tasa de paro duplica la media europea". En definitiva, se trata de la existencia de "demasiados contratos temporales y en precario". "Hay que hacer frente a esto con decisión", dijo.

Zapatero confirmó que hoy presentará un documento con su posición a los interlocutores sociales. "Si la reforma tiene mayor número de apoyos será más exitosa, pero tenemos las ideas muy claras sobre lo que hay que hacer", resaltó. Quienes desconocen lo que va a pasar son las organizaciones empresariales y sindicales.

Comisiones Obreras y UGT mantienen su mensaje de que si el decreto recorta los derechos de los trabajadores habrá huelga general, pero la incógnita no se desvelará hasta el día 16, cuando el Consejo de Ministros apruebe el texto del decreto. Para ambas centrales, "una línea roja" que el Gobierno no debería pasar es que la opinión del juez en el despido objetivo, justificado por causas económicas, productivas, organizativas y tecnológicas, pase a ser secundaria. CC. OO. y UGT rechazan que sean los empresarios quienes tengan la última palabras en el proceso, algo que, a su entender, refleja la propuesta del Gobierno.

Una opinión muy distinta es la del presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien acusó a los sindicatos de "absoluto inmovilismo" e instó al Gobierno a aprobar la reforma que necesita el país.

Fuentes sindicales aseguran que los empresarios esperan que el decreto les favorezca por eso desaprovecharon la oportunidad de pactar la madrugada del jueves.

Segundo fracaso

El diálogo social se inició el 29 de julio de 2008. Fue un acto con rango de gran acontecimiento, celebrado en el Palacio de La Moncloa. El presidente del Gobierno y los líderes de CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme firmaron la "Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social". Entonces, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se comprometió a que solo aprobaría reformas laborales respaldadas por los agentes sociales. Los posibles frutos de aquel documento se han diluido en mesas de negociación sin futuro y en la defensa de intereses enfrentados.

El proceso, además, en los últimos tiempos se ha visto afectado de lleno por el empeoramiento de la crisis y las constantes exigencias de instituciones nacionales e internacionales, así como por un plan de ajuste, sin precedentes en España, con recorte salarial de los empleados públicos y congelación de las pensiones. Este plan vulnera acuerdos pactados y llena de incredibilidad el cumplimiento de cualquier otro pacto.

Casi un año después de aquella "Declaración", el 24 de julio de 2009, el Gobierno daba por "finiquitado" la negociación emprendida para reformar el mercado laboral. El culpable aparentemente fue entonces la CEOE, que colocó encima de la mesa demandas antiguas, inasumibles para el Ejecutivo y los sindicatos. La actual negociación, que todo el mundo da ya por fracasada, se inició el pasado mes de febrero. Ahora, empresarios y sindicatos se culpan mutuamente.