José Luis Rodríguez Zapatero no quiso ponerse delante de las cámaras para aplacar a los controladores porque no quería quemar esa baza antes de tiempo. El presidente del Gobierno defendió ayer su decisión de delegar en el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, el anuncio del estado de alarma -decretado por primera vez en la historia de la democracia el pasado sábado- con el argumento de que quiso desarrollar una estrategia de comunicación "gradual": primero el ministro de Fomento, después el número dos del Ejecutivo y, como las cosas comenzaron a volver a su cauce, pues, nadie más. "Hay que medir la fuerza del interlocutor", esgrimió.

La explicación pondría en evidencia que el Gobierno no las tenía todas consigo cuando optó por una decisión tan drástica e inédita como la de aplicar el artículo 116.2 de la Constitución en un intento de doblegar a los controladores levantados en una huelga salvaje. Es decir, que incluso dudó de que con la amenaza de acusar a los controladores de desobediencia militar - un delito penado con entre dos años y cuatro meses y un máximo de seis años de prisión y la pérdida de empleo- fuera a ser suficiente para resolver el conflicto. Aunque no es eso lo que el presidente argumentó en público.

La idea de que el Gobierno simplemente estaba subiendo peldaños en su respuesta a los 'rebeldes' la lanzó en una conversación con periodistas durante el cóctel del día de la Constitución ofrecido en el Congreso. Otras fuentes gubernamentales añadieron además que la comparecencia de Zapatero habría dado una imagen de gravedad que podría haber perjudicado la imagen de España en el exterior. Pero lo que de verdad dijo el jefe del Ejecutivo ante los micrófonos, nada más llegar al Congreso, fue que si no había hablado era porque, a su juicio, es el Parlamento el debe recibir las primeras explicaciones del presidente del Gobierno en un caso de este tipo.

En realidad, de facto no fue así. Zapatero no comparecerá hasta el jueves para explicar por qué limitó los poderes de las Cortes Generales para hacer frente a la crisis de los controladores, pero él mismo relató ayer que habló con Mariano Rajoy antes de optar por la militarización del espacio aéreo y que este le respondió con un "ten buena mano". Es eso lo que le garantiza el respaldo del líder de la oposición a la solución adoptada. Rajoy, en efecto, lo confirmó ante las cámaras antes de entrar en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, pero también avanzó que pedirá explicaciones. El presidente del PP, sin embargo, no especificó en qué tipo de cuestiones habría fallado el Ejecutivo socialista.

Lo cierto es que el Gobierno se siente tranquilo. Zapatero, que estuvo charlando con Rajoy unos minutos, afirmó que el líder del PP ha adoptado un "buen tono" en este asunto. El presidente del Gobierno también habló con la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y con varios magistrados, con el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, y con el padre de la Constitución Gregorio Peces-Barba. Quizá no era el día, pero ninguno le puso reparos jurídicos por la medida de excepción y alguno incluso le felicitó por la decisión tomada. "En otros países tienen la palabra emergencia; nosotros le llamamos alarma, que suena más fuerte", se lamentó varias veces el jefe del Ejecutivo.

En todo caso, Zapatero se mostró satisfecho tanto por el fondo como por las formas de su actuación. "Han dado el resultado que se buscaba -defendió-: restituir la normalidad en 24 horas. El proceso de decisión, el cómo, el cuándo y el qué han sido acertados".

Con el convencimiento de que todos los grupos le apoyarán, el Ejecutivo se prepara por si tuviera que ampliar más allá de los 15 días de rigor la situación extraordinaria. El decreto del sábado no tiene que ser convalidado por las Cortes, pero una ampliación sí. El Consejo de Ministros lo sacaría el día 17 y el Congreso lo votaría el 21 de diciembre.