El decreto ley con el drástico recorte del gasto social anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo una incógnita para los grupos parlamentarios. El Consejo de Ministros acordó su aprobación el jueves, pero ayer el Gobierno seguía trabajando en su contenido y, según fuentes gubernamentales, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) podría incluso demorarse hasta el próximo lunes. Los tiempos no son inocuos, los grupos parlamentarios esperan a conocer "la letra pequeña" para decidir su postura durante el pleno de convalidación que el Ejecutivo aspira a celebrar la semana entrante o, a más tardar, la siguiente.

Los socialistas lo fían todo a la abstención de Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que les permitiría salvar la norma con sus únicos votos. Dan por hecho que la izquierda -Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida y el BNG- no se prestarán nunca a facilitar la aprobación del recorte salarial a los empleados públicos, la congelación de pensiones o la irretroactividad de la ayuda a la dependencia y que, por lo tanto, votarán en contra del texto legislativo. Pero el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Antonio Duran i Lleida, se mostró ayer muy crítico con la iniciativa gubernamental y, sobre todo, con aquello que afecta a los pensionistas.

Si el Gobierno se planteó en algún momento trocear las distintas medidas en decretos separados para evitar, precisamente, que el rechazo general a que se dejen de actualizar estas prestaciones frenara el plan de ajuste en su conjunto, la idea se desechó a mitad de semana. Se quiso así evitar que la estrategia fuera malinterpretada en Europa y que los mercados, volátiles e inestables, hicieran la lectura de que, en realidad, se estaba dando marcha atrás en el ambicioso y "doloroso" recorte del déficit que siete días antes había anunciado Zapatero.

Posición quebrada

El lunes el Ejecutivo defendía que esa congelación de las pensiones no precisaba de un soporte legislativo inmediato puesto que no se hará efectiva hasta 2011 y que, por lo tanto, había tiempo para hacer las reformas legislativas pertinentes hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ayer, sin embargo, el argumento era otro: "El compromiso adquirido en Bruselas es de un paquete completo y lo coherente es mantenerlo como tal", alegó un portavoz gubernamental. La decisión complica ahora la posición del Partido Popular. Mariano Rajoy anunció en Córdoba que su formación votará 'no' a la medida que afecta a las ayudas de jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad y favor familiar, pero sopesará, cuando conozca todos los pormenores del decreto, si se abstienen o rechazan el recorte del salario de los funcionarios.

El problema es que los grupos no pueden pedir la votación por separado de cada uno de los puntos de este tipo de textos. Cosa distinta es que la mayoría acuerde que el plan de ajuste sea tramitado como proyecto de ley, pero el grupo socialista cuenta con que los mismos que le ayudarán a salvar, poniéndose de perfil, el recorte eviten también ese procedimiento.

El presidente del PP obvió estos inconvenientes y mantuvo incólume su discurso. "Es un estacazo a los más débiles, a los que no se pueden defender -dijo- Nunca había visto un caso de travestismo tan espectacular".

Su partido llevaba meses exigiendo al Ejecutivo socialista un plan de choque que incluyera un fuerte ajuste para recortar el déficit público, pero ahora considera que la línea escogida para volver al pacto de estabilidad presupuestaria es errónea.